La okupación es un problema con dos caras: por un lado, el de los propietarios de la vivienda, que se ven inmersos en un complejo proceso para recuperarla, y por otro, los okupantes, que a menudo recurren a esta vía por pura supervivencia. Y es que, aunque parte de la okupación procede de mafias organizadas, el perfil mayoritario del okupa en España son personas sin recursos que no pueden afrontar el pago de una vivienda.

Pero, ¿cuál es la situación real de la okupación en España? El problema añadido es que, al tratarse de una actividad clandestina, resulta difícil conocer todos los casos para dibujar la situación real del problema. Por eso, no se conoce con exactitud cuántas viviendas okupadas hay en España. Algunas comunidades, como Madrid, han dado cifras pero sin explicar realmente de dónde salen, por lo que no se pueden tomar como exactos. Según el Gobierno regional, en este momento hay 4.500 viviendas okupadas en la Comunidad, lo que supone 1,5 viviendas ocupadas por cada 1.000 en la región. De ellas, 400 son públicas y pertenecen a la Agencia de Vivienda Social (AVS).

Entre sus medidas propuestas para acabar con la okupación, como el teléfono 112 antiokupas, que entrará en vigor en marzo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere crear una base de datos de casa okupadas, una forma de admitir que no tienen una cifra real.

A escala nacional, la fundación Institut Cerdà realizó un estudio en 2017 y estimó unas 87.500, lo que supone un 0,3% del parque de viviendas total.

¿Cuántas denuncias hay por okupación?

Lo que sí podemos determinar son los intentos de okupación que se suceden año tras año a través de las denuncias. Según estos datos, Cataluña, Canarias, Baleares, o Andalucía son las que tuvieron una tasa de okupación por viviendas mayor tanto en 2019 como en 2020, los últimos años de los que hay datos completos.

Cataluña es la que presenta peores cifras. Con 17 denuncias por cada 10.000 viviendas (un 0,002%), supera en más de 10 veces a las seis comunidades con menor índice. Puedes ver en el siguiente mapa los datos de todas las comunidades, una tasa calculada a partir de los datos facilitados por el Ministerio del Interior a laSexta.com, que van desde 2015 hasta septiembre de 2021.

La realidad es que las denuncias han crecido desde 2016 en toda España, y han pasado de casi diez mil en ese año a 14.792 en 2020, como vemos a continuación. Visto de otra forma, han pasado de 27 a 40 denuncias diarias en todo el país en esos cuatro años. Cataluña registra casi la mitad de los casos de toda España.

La pandemia agravó la situación

La llegada del coronavirus paralizó la actividad en todo el país, pero la okupación no aflojó en gran medida. En realidad, engordó el problema. Si comparamos los datos de 2021, que llegan hasta septiembre, con los del mismo periodo de 2019, las denuncias por okupación crecieron en todas las comunidades, especialmente en la región de Murcia y Baleares, que casi duplican los casos de 2019 y ya superan los 400 en esos tres trimestres.

En comunidades pequeñas o en las ciudades autónomas, que contaban con pocos casos, el aumento crea una variación desproporcionada. Así, en La Rioja, donde apenas hubo 7 casos entre enero y septiembre de 2019, se han quintuplicado los caso y alcanzaron nada más que 37. También en Ceuta, que ha pasado de 4 a 16, como se puede ver en los siguientes gráficos.

En España, la okupación es un delito recogido en el Código Penal que puede darse de dos formas: la usurpación de vivienda, como un delito leve sin pena de prisión; y el allanamiento de morada, que puede tener una pena de hasta cuatro años de cárcel. La diferencia entre los dos radica en que en el allanamiento de morada se trata de una vivienda habitada, sea como habitual o segunda residencia. Esta última forma es minoritaria, la mayoría se producen como usurpación de vivienda, según abogados especializados en la materia. Además, la gran mayoría de los propietarios afectados son grandes tenedores, sobre todo personas jurídicas, (bancos o fondos de inversión). La menor parte son pequeños propietarios.

Los datos de denuncias de Interior aportados a laSexta.com no diferencian entre allanamiento o usurpación, ni se publican desglosados en su Sistema Estadístico de Criminalidad. Además, muchos casos se acaban resolviendo por la vía civil, por lo que no se incluyen siquiera en las estadísticas de procedimientos penales.

Las causas de este aumento en época pandémica difieren según las fuentes. Algunos abogados achacan a la paralización de algunos tipos de desahucios que aprobó el Gobierno central para frenar el impacto de la pandemia, mientras que en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consideran que la causa "es la propia crisis, el exceso de desahucios y la falta de vivienda pública", en palabras de su portavoz, Juanjo Ramón. En realidad, los desahucios no se han parado en su totalidad, y en 2020 se produjeron cerca de 30.000 alzamientos, la mitad de lo que era habitual antes de la pandemia.