Con un 91% de discapacidad, Miryan necesita ayuda para todo. "Para limpiarle la saliva, para cambiarle el pañal, para darle de comer. Hay que estar con ella 24 horas", cuenta su mader, María Victoria García. Sin embargo, acaba de perder la pensión no contributiva que recibía por su parálisis cerebral. "La cuantía era de 460 euros, que ahora no percibe, para fisioterapia, que necesita diariamente, y para medicación", precisa su madre.
Y todo, porque en 2016 su padre recibió parte de una paga extra atrasada de 2012, lo que hizo que superaran el máximo que permite la ley como suma de los ingresos familiares. "Les pregunté por qué no me habían avisado en 2016, y me dijeron que la ley dice que ellos tienen hasta cuatro años para avisarte. Yo les dije que me sentía indefenso", relata Asensio Pérez, padre de la joven. A todo esto se suma además que están obligados a devolver casi 12.000 euros, lo percibido durante los últimos dos años.
"La administración está mal desarrollada, esa ley necesita cambios", cree Jennifer, la hermana de Miryan. Desde el Instituto Murciano de Acción Social aseguran que se han limitado a cumplir la ley, y que además el padre ha reconocido su error. Si reclaman, estudiarán de nuevo el caso. Mientras tanto, la familia de Miryan tendrá que tirar para adelante sin ningún tipo de ayuda