La Diada, marcada por
las consecuencias del pulso independentista de otoño de 2017 que desencadenó la
destitución del Govern por el artículo 155, ha incorporado este año a la
reclamación de independencia y de "república catalana" el componente
emocional de la petición de libertad para los políticos presos.
Al finalizar la
manifestación independentista, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha
pedido "valentía" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que
preste atención al "grito democrático" que se ha escuchado y ha
asegurado que la marcha soberanista que se inicia ahora "no tiene
freno".
Una multitud se ha
desplegado a lo largo de la Diagonal de Barcelona en una gran "ola
sonora" planificada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), en la que,
según la Guardia Urbana, han participado un millón de personas, cifra que
Sociedad Civil Catalana, contraria a la independencia, ha rebajado a 200.000.
Al finalizar la
manifestación, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha exigido al Govern
que no "dilapide" el trabajo realizado por el movimiento
independentista "diciendo ahora que el 1-O no era un referéndum" y le
ha pedido que se prepare para un nuevo "embate democrático" al
Estado.
Entre las peticiones de
libertad para los independentistas encarcelados ha destacado la de ERC, que ha
condicionado el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez a que los "presos
políticos" sean puestos en libertad y los "exiliados" puedan
volver a sus casas.
La cuestión de los
políticos presos ha estado presente no sólo en el plano de las declaraciones,
sino también en el simbólico, como en el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, que durante la ofrenda floral ha lucido un lazo amarillo en la solapa.
También ha sido abordada desde Estrasburgo (Francia) por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien ha reconocido que "personalmente" hubiera preferido que el juez "considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga" de los políticos catalanes encarcelados "que no fuese la prisión incondicional".
Los partidos
independentistas, incluida la CUP, han reaccionado sustentándose en estas
declaraciones para pedir que el Gobierno ordene a la Fiscalía la puesta en
libertad de los presos.
El eco de este debate
también ha llegado al Congreso, donde el PP ha cargado contra Borrell, mientras
que, en el Senado, Pedro Sánchez ha insistido en su política de "ley y
diálogo" en Cataluña, respetando las sentencias y la normativa, pero
abogando al mismo tiempo por restaurar la convivencia en esta comunidad.
La Diada de 2017 se ha
celebrado también en un nuevo escenario político tanto en el Palau de la
Generalitat, donde se sienta como presidente Quim Torra en sustitución de
Carles Puigdemont, huido a Bélgica, como en la Moncloa, donde gobierna el PSOE
de Pedro Sánchez, que relevó en junio al PP con una moción de censura.
Lo que sí se ha repetido
es la ausencia de la oposición (Ciudadanos, PSC y PPC) en la manifestación
independentista, si bien han acudido algunos representantes de los comunes, y
Ciudadanos ha organizado su propio acto bajo el lema "El amor es más
fuerte que el odio".
En este acto, la líder
de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha denunciado que los actos
organizados por el Govern "excluyen a más de la mitad de los
catalanes", mientras que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha
advertido a Pedro Sánchez de que "no se equivoque" de aliados y de
adversarios.
El líder del PSC, Miquel
Iceta, ha pedido recuperar el "espíritu unitario" de la Diada y
"superar divisiones", para así encontrar un camino que permita
avanzar en el autogobierno y la mejora de la financiación y ha pedido que no se
pongan "condiciones" que "impidan" el diálogo.
Por su parte, el
presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha exigido a Sánchez que tome medidas
ante las pretensiones independentistas del Govern de Torra, al que ha tachado
de "iluminado".
La diputada de Catalunya
en Comú Podem Jèssica Albiach ha reclamado la puesta en libertad de los presos
soberanistas y la convocatoria de un referéndum "pactado y
vinculante", mientras que el dirigente de la CUP Lluc Salellas ha instado
al Gobierno a que haga que la Fiscalía retire los delitos de rebelión y secesión
de los dirigentes en prisión.
Por su parte, el
presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha acusado a Torra
de usar un lenguaje "de combate" e "impropio de una
democracia" en el discurso institucional que pronunció ayer con motivo de
la Diada.
Otro de los episodios destacados de hoy ha sido la coincidencia durante la ofrenda floral a la tumba de Rafael Casanova en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) del president Quim Torra y de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, quienes se han saludado en un acto presidido por la cordialidad entre las autoridades.