Nuevo frente judicial
La Fiscalía del Supremo pide la imputación de Alvise por desórdenes públicos en las protestas de Ferraz en 2023
El contexto Según el Ministerio Público, el agitador ultraderechista podría ser autor de un presunto delito de desórdenes públicos por la difusión de una serie de publicaciones en su canal de Telegram.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la imputación del agitador ultraderechista Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta, por un presunto delito de desórdenes públicos en las protestas frente a la sede federal del PSOE en Ferraz en noviembre de 2023.
En su informe, al que ha tenido acceso laSexta, el Ministerio Fiscal recoge que detectó entre los días 5 y 7 de noviembre de 2023 una serie de publicaciones difundidas en el canal de Telegram de Alvise, con más de 313.000 seguidores, que "incitan públicamente a cometer desórdenes públicos, a llevar a cabo acciones que pudieran ser calificadas de atentado y resistencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, e incluso a elaborar y emplear sustancias que podrían ocasionar un gran perjuicio contra la salud de las personas".
La Fiscalía considera que el canal de Telegram de Alvise es "abierto al público y con una elevada capacidad de difusión atendiendo al número de sus seguidores y visualizaciones, en el que solo puede hacer publicaciones su administrador, Luis Pérez Fernández, conocido públicamente como 'Alvise Pérez'". De ahí extrae la Fiscalía que Alvise pueda ser considerado como un presunto autor de un delito de desórdenes públicos.
Además, la Sala de lo Penal ha acordado solicitar el pertinente suplicatorio al Parlamento Europeo para obtener la suspensión de la inmunidad de Alvise y así poder tomarle declaración sobre los hechos denunciados.
Un problema judicial más para Alvise
El agitador ultra suma así un nuevo frente judicial, con un total de seis causas hasta ahora. Dos de ellas ya han sido resultas. La primera de ellas acabó con una condena en la que Alvise tuvo que pagar 7.000 euros a Ana Pastor por publicar en sus redes sociales dos imágenes de la periodista que carecían de interés general e informativo y que tuvo que borrar.
La otra fue por una intromisión al derecho al honor de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. En esta ocasión, el agitador ultra fue condenado a pagar 5.000 euros por difundir información falsa sobre la política.
Mientras, otras tres causas, además de esta nueva de Ferraz, todavía continúan abiertas. Una de ellas es la posible financiación ilegal y delito electoral de su partido, ya que la Audiencia Nacional pidió al Tribunal Supremo que lo investigara por ello. Creen que hay indicios sólidos de que su campaña para las elecciones europeas se costeó de manera irregular tras supuestamente haber recibido 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo ('CryptoSpain').
Otro frente tiene abierto Alvise por la difusión en 2023 de una imagen de una de las hijas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se le investiga por un delito de revelación de secretos.
Por último, la otra causa en la que Alvise está investigado es por la denuncia de la jueza de Instrucción número 18 de Sevilla, que solicitó a la Fiscalía del Supremo que denuncie a Alvise Pérez por amenazas contra ella que el agitador de extrema derecha puso a través de su canal de Telegram en el que tiene más de 700.000 seguidores.
El agitador de extrema derecha publicó dos mensajes contra ella ordenándola rectificar sus decisiones judiciales (en una investigación a Vito Quiles) bajo la amenaza de publicar "cosas sobre la definición del término soborno".