Para la Fiscalía, el proceso independentista fue un atentado contra la integridad de España que culmino cuando Carles Puigdemont proclamó la DUI. Defiende que sus líderes, los nueve que están en prisión preventiva, incitaron a votar en un referéndum ilegal y cometieron un delito de rebelión.

"No todos los actos de ejecución del delito de rebelión tienen que ser violentos" decía el fiscal Jaime Moreno. Porque precisamente este es el argumento de las defensas. Afirman que no hubo violencia, ni uso de armas y sin ello no puede haber rebelión. Fue solamente, dicen, la defensa de un proyecto político.

Un delito que sostiene también la acusación popular ejercida de Vox, pero no así la abogacía del Estado, que defiende que se trató de sedición. Así lo veía Felipe González en Al Rojo Vivo: "Era un golpe contra el Estado pero no un golpe de Estado. Me pareció una sedición o una incitación a la rebelión que una rebelión".

Todas las acusaciones suman además el delito de malversación en el caso de los líderes políticos y hablan de cifras superiores a los dos millones de euros. Las defensas niegan que se comprometieran fondos públicos.

Además, la Fiscalía y la abogacía del Estado acusan de desobediencia a los tres exconsejeros que están en libertad e incide en que las resoluciones del Tribunal Constitucional fueron ignoradas de forma sistemática.

Los acusados se amparan en la inviolabilidad parlamentaria y si preguntamos a los expertos, como Martín Pallín, aseguran que "no hay rebelión ni sedición ni malversación y queda abierto el portillo de la desobediencia". Los abogados de todos ellos reclamaran la nulidad de esta causa y alegarán vulneración de derechos y parcialidad de la Guardia Civil, que fue al encargada de la investigación.