"Iría porque tendría que ir, sino no iría", dice un catalán. "Me interesa que todo el mundo pueda decir su opinión", añade otro ciudadano. Incluso otro hace referencia a la participación dentro de la "legalidad 'catalana".

Pero, ¿puede haber represalias si son citados y van? "No incurriría en delito de desobediencia, ahora bien, en el momento en que fuera allí un mosso o un guardia civil y le dijera que se fuera y retirara la urna, entonces si que tiene que obedecer esa orden directa", explica Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

¿Y si no van? "No iría a la mesa electoral porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo los políticos", "Las cosas se tienen que hacer en democracia, y en este caso la democracia no ha existido", insisten los ciudadanos.

¿Podría haber consecuencias? "El ciudadano que se niegue a participar en la mesa electoral está cumpliendo la Constitución, por tanto no incurriría en ningún tipo de responsabilidad penal", señala Abraham Barrero, profesor de Derecho Constitucional.

El Govern asegura que se han registrado 16.000 voluntarios y saca pecho. "En este momento hay 16.000 voluntarios. No hay suficiente papel para los apercibimientos", añade Lluís Corominas, presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí.

Una decisión que, según los expertos, podría llegar desde cualquier tribunal ordinario o desde el Constitucional. "El Tribunal Constitucional puede deducir testimonios de las personas que colaboren o faciliten", indica Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Una causa que, argumentan, ha suspendido el constitucional.