Se trata de la segunda acción que tendrá lugar esta semana en los alrededores de la Cámara Baja bajo el lema 'Rodea el Congreso', si bien, a diferencia de la que tuvo lugar el martes 23, este sábado la concentración en Neptuno irá precedida de una marcha por las calles de Madrid, que pasará por Callao, Gran Vía, Alcalá y Cibeles.
Asimismo, al igual que ya ocurriera con las convocatorias anteriores, la Coordinadora ha decidido no comunicar la protesta por los cauces oficiales a la Delegación del Gobierno en Madrid al entender que el departamento dirigido por Cristina Cifuentes ya tiene conocimiento suficiente de las acciones que se llevarán a cabo para tomar las medidas necesarias que garanticen tanto el desarrollo de la marcha como la circulación del tráfico en la zona.
No obstante, la Delegación del Gobierno insiste en que la Ley Orgánica 9/1983 que regula el derecho de reunión establece que "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas".
En este sentido, Cifuentes ya advirtió el miércoles de que este sábado se actuará "con la ley en la mano y protegiendo la legalidad" y que la Policía se encargará de mantener el orden público "si se producen incidentes". "Espero que sea una movilización pacífica y si es pacífica, la Policía no va a intervenir, pero si no lo es, tendrá que hacerlo", ha añadido.
La protesta del pasado martes comenzó precisamente con la identificación por parte de la Policía de los primeros participantes que se habían reunido en la Cuesta de Moyano para iniciar su marcha a Neptuno. Los propios agentes de la Policía comunicaron personalmente a los concentrados que la convocatoria no había sido comunicada y que iban a ser sancionados.
A raíz de dichas identificaciones, la Delegación del Gobierno en Madrid abrió el miércoles expediente a un total de 50 personas por tomar parte de esa protesta no comunicada a las autoridades. Por su parte, la Coordinadora 25S denunció que esta práctica forma parte de la "estrategia de criminalización" emprendida, a su parecer, por el Gobierno y por la delegada del Gobierno en Madrid, así como que muchas de esas personas "ni siquiera" formaban parte de las protestas.
La única protesta 'legal' de las convocadas hasta ahora en los alrededores del Congreso fue precisamente la primera, que tuvo lugar el 25 de septiembre, si bien no fue la Coordinadora quien comunicó la protesta sino un particular, que posteriormente fue multado por la Delegación con una sanción de 6.000 euros al entender la institución que no se garantizó la "seguridad de la protesta", que se saldó con 35 detenidos y 64 heridos a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de los antidisturbios.
La manifestación de este sábado tiene como objetivo denunciar, al igual que ya hicieran el martes, que las cuentas públicas elaboradas por el Gobierno para el próximo año van a generar "opresión" y "miseria". "Tienen la distinción de ser los más injustos e irreales de las últimas décadas".