La PAH lleva al Congreso una Proposición de Ley que garantice el derecho a la vivienda y encaminada a pinchar la burbuja del alquiler. Con unos precios de los alquileres que han subido un 30% en tres años, en parte, por la irrupción del alquiler turístico, la PAH propone implantar un precio máximo en el arrendamiento de una vivienda, según los baremos que fija el Instituto Nacional de Estadística o los que establezcan los ayuntamientos. "Planteamos un índice estatal lógico para los alquileres", explica Luis San Martin, de la plataforma Stop Desahucios.

Los expertos plantean dudas a esta regulación. "Estas limitaciones pueden vulnerar la libre competencia y algunos preceptos jurídicos", señala Ignacio de Azúa Villalobos, socio de LEAN Abogados.

Para evitar la especulación de los precios, proponen contratos más largos y estables: de un mínimo de cinco años para los arrendadores particulares y de diez para bancos y empresas.

Quieren evitar que se pueda desahuciar a los inquilinos. Si el casero es una empresa o banco, tendría que ofrecerles un alquiler social y si es un particular, las administraciones darían ayudas para pagar las cuotas. Una proposición que también incluye la cesión obligatoria de las viviendas vacías para destinarlas al alquiler social.