La PAH lleva al Congreso
una Proposición de Ley que garantice el derecho a la vivienda y encaminada a
pinchar la burbuja del alquiler. Con unos precios de los alquileres que han
subido un 30% en tres años, en parte, por la irrupción del alquiler turístico,
la PAH propone implantar un precio máximo en el arrendamiento de una vivienda,
según los baremos que fija el Instituto Nacional de Estadística o los que
establezcan los ayuntamientos. "Planteamos un índice estatal lógico para los
alquileres", explica Luis San Martin, de la plataforma Stop Desahucios.
Los expertos plantean
dudas a esta regulación. "Estas limitaciones pueden vulnerar la libre
competencia y algunos preceptos jurídicos", señala Ignacio de Azúa Villalobos,
socio de LEAN Abogados.
Para evitar la
especulación de los precios, proponen contratos más largos y estables: de un
mínimo de cinco años para los arrendadores particulares y de diez para bancos y
empresas.
Quieren evitar que se pueda desahuciar a los inquilinos. Si el
casero es una empresa o banco, tendría que ofrecerles un alquiler social y si
es un particular, las administraciones darían ayudas para pagar las cuotas. Una
proposición que también incluye la cesión obligatoria de las viviendas vacías
para destinarlas al alquiler social.