La Junta de Castilla y León rechaza el requerimiento que el Gobierno aprobópara que la Consejería de Sanidad se abstenga de aprobar cualquier medida que vulnere la actual normativa de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aseguran desde el Ejecutivo regional que "no hay acuerdo" que vulnere legislación alguna ya que,como han defendido en los últimos días, elprotocolo antiabortoqueVox dice que acordaronno existe.
Además, acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar el requerimiento "con una clara voluntad torticera y espuria que solo busca generar controversia política en momentos de campaña preelectoral". Señalan también que cuentan con informe jurídico de la comunidad autónoma que respalda esta decisión.
La respuesta del Gobierno central no se ha hecho esperar. Fuentes de Moncloa a laSexta insisten, tras este anuncio, en que la Junta "no está para admitir o inadmitir". "Lo que tienen que hacer es atender el requerimiento. Es decir: que atiendan el requerimiento y que no se les ocurra aprobar el protocolo", señalan dichas fuentes.
Además, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha pedido "rigor" al Ejecutivo de Castilla y León, apuntando que no se puede "inadmitir", sino que hay que darle o no respuesta. "Yo espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones, se hagan cargo de dar respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y aclaren", porque hay "distintas versiones".
Por su parte, Pedro Sánchez ha advertido que CyL tiene que responder al requerimiento del Gobierno, que defenderá "con contundencia" su postura.
En este contexto, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que inadmiten el requerimiento. "Exigimos a Sánchez que rectifique y abandone su política de acoso a Castilla y León. No vamos a permitir ataques a nuestra tierra". Fuentes de la Junta a laSexta, apuntan además a que sí se puede inadmitir un requerimiento y ponen el ejemplo de que el Gobierno lo hizo, dice, "con los requerimientos de Aragón y Teruel contra la determinación de la sede de la Agenda Espacial".
La polémica sobre este supuesto protocolo, con el que el vicepresidente regional Juan García-Gallardo anunciaba que habría medidas para aquellas mujeres embarazadas "que lo requieran", como ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo, sigue viva.
Ahora, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha explicado en rueda de prensa que lo que van a hacer es mejorar las prestaciones sanitarias para embarazadas, y destaca que se hará "en un contexto de claro cumplimiento de la legislación nacional vigente, de cumplimiento de la cartera de servicios y de los protocolos vigentes, muy especialmente en los casos de interrupción voluntaria del embarazo". "El protagonismo corresponde a los profesionales sanitarios y a las mujeres embarazadas" a los que no se les va a obligar a nada, ha dicho, contradiciendo lo que llegó a afirmar Vox.
Desde el Ejecutivo central, Rodríguez exige al PP que aclaren la situación: "Algo aprobaron, entonces lo llamaron protocolo, ahora lo llaman instrucción, y no quieren dar cuenta de lo que es".