María Seguí pudo incumplir las reglas de incompatibilidades de Altos Cargos, previstas en la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que era la norma vigente en esta materia en 2012 y 2013.

A la vista de estas conclusiones, la Inspección de Servicios ha propuesto remitir esta información reservada a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, unidad competente para la instrucción, en su caso, de los expedientes sancionadores de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Concretamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado que, a partir de dicha propuesta, se ha dado traslado de esa información reservada a la Oficina de Conflicto de Intereses a los afectos de que, "si procede instruir algún expediente en el marco de la ley, lo pueda hacer".

El objetivo de la información reservada, que ordenó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y efectuada por la mencionada Inspección de Servicios del Ministerio, tenía por objeto investigar la regularidad de la adjudicación y financiación por parte de la Dirección General de Tráfico de los proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad, realizados por el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, durante los años 2012 y 2013.

Interior no aprecia responsabilidades en ningún otro funcionario

Entre las conclusiones, destaca, en cambio, que no se han apreciado indicios de responsabilidad en los empleados públicos de la Dirección General de Tráfico que intervinieron en las distintas fases del procedimiento de contratación.

"Ningún otro funcionario de la DGT ha cometido ninguna irregularidad", ha recalcado el ministro tras presidir el acto de entrega de condecoraciones a los agentes de la Guardia Civil, a la jueza y a la forense que participaron en las labores de investigación e identificación del presunto autor material del asesinato de Eduardo Montori ocurrido hace 20 años.

Concretamente, la investigación señala que la selección, adjudicación y formalización de los tres contratos menores celebrados entre la Dirección General de Tráfico y la Universidad de Zaragoza-Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón en 2012 y 2013 se llevó a cabo conforme la práctica habitual que se venía realizando en la Dirección General en lo referente a la selección de los adjudicatarios que debían realizar los estudios de investigación.

En cuanto a la adjudicación y formalización de los mismos, considera que se cumplieron los requisitos que exige el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de junio el cese de María Seguí al frente de la Dirección General de Tráfico, una vez que ésta presentó su renuncia "a petición propia" ante el ministro del Interior.

Previamente, el pasado 12 de julio el Ministerio del Interior anunció la apertura de una "investigación urgente" en torno a "la regularidad de la financiación por parte de la Dirección General de Tráfico de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad realizados por el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza".

Desde Interior se informó de que Inspección de Servicios, dependiente de la Subsecretaría de Interior abrió la investigación urgente por "las informaciones divulgadas por diversos medios de comunicación" acerca de este asunto.