Un grupo de cuarenta personalidades critican en un manifiesto a la Generalitat por usar "la pandemia como arma política", gestionarla sin pensar "en el bien de la ciudadanía", y hacer declaraciones "insolidarias e irresponsables", que en el caso del presidente Quim Torra consideran, además, "inconsistentes".

El manifiesto titulado "Digamos #Basta a la mala gestión política del Gobierno catalán. #Basta a sus declaraciones insolidarias e irresponsables", que hoy publica El Periódico, lo firman, entre otros políticos, intelectuales y artistas, la diputada del PSC en el Parlament Beatriz Silva; el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo; el exdiputado de Catalunya Sí que es Pot Lluís Rabell; el exsenador de En Comú Podem Óscar Guardingo, la cineasta Isabel Coixet, y el pintor Perico Pastor.

En el texto se citan las recientes declaraciones de la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en el sentido de que "si Cataluña fuera independiente, el número de muertos e infectados por el síndrome de la COVID-19 habría sido menor", unas afirmaciones, señalan, que son "la gota que ha colmado el vaso".

Los firmantes piden a los consellers que "dejen de una vez por todas de utilizar la pandemia como arma política, asuman sus responsabilidades y se comporten de forma solidaria y empática con el resto de los pueblos del estado español", y que "piensen en el bien de la ciudadanía como objetivo primordial". En el manifiesto se pone como ejemplo de esa mala gestión "la situación insostenible de las residencias para personas mayores, competencia exclusiva de la Generalitat", actuación que ha provocado "un gran número de defunciones" y la enfermedad de trabajadores.

"Esta situación -indican- es fruto de un abandono institucional, así como de una externalización a empresas privadas con finalidades claramente lucrativas y de la terrible y pasiva actuación del Departamento de Asuntos Sociales que, antes de traspasar las competencias a Salud, vio morir a muchas personas mayores en condiciones más que penosas". Relatan también la "situación insostenible de la sanidad catalana, que sufrió los mayores y primeros recortes en todo el estado español".

"Acción llevada a cabo por CiU, actualmente JuntsxCat en el Govern de Catalunya -agregan-. Ha habido mucho sufrimiento en esta pandemia, en parte también debido a estos recortes que fueron de unos 4.447 millones de euros en políticas sociales públicas, y a una asistencia primaria con recursos y soportes insuficientes para poder detectar a tiempo la situación".

En el manifiesto hablan también de "actuación irresponsable del presidente Torra, con declaraciones inconsistentes y fuera de lugar, más pensadas para ir en contra del Gobierno Central que en unir esfuerzos en la situación de alarma que estamos sufriendo". "Un claro ejemplo -indican- es la petición que hizo la semana pasada de que niños y niñas salieran, a sabiendas de que no contaba con las competencias suficientes, petición hecha una semana después de haber realizado una fuerte campaña contra el Gobierno del estado exigiendo la continuación del decreto de alarma solo con los servicios esenciales. Todo ello en medio de un relato de superioridad y desprecio al resto del estado".

Califican de "propuesta irresponsable" la hecha por Torra sobre un pasaporte inmunológico, que sería, alegan, "un escándalo desde el punto de vista de la bioética, de la privacidad y de la protección de datos", presentada con el rechazo de "expertos en salud pública".

Los firmantes se quejan también de las "declaraciones ridículas y fuera de lugar" del conseller Miquel Buch en relación al número de mascarillas que llegaron a Cataluña y su coincidencia con el año 1714, del "rechazo inicial" a la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la falta de material en los hospitales, y de la decisión de pagar más de 43.000 euros a la sanidad concertada y privada por cada cama de UCI ocupada durante la pandemia cuando la patronal catalana estima el coste del tratamiento en unos 1.000 euros diarios.

En el manifiesto se critica también la "mala gestión de los datos estadísticos recogidos por la Generalitat, cifras incongruentes y variables según el día" y la "tergiversación sesgada de la información por parte de los medios de comunicación públicos catalanes". Los firmantes subrayan que "la Generalitat tenía competencias plenas en sanidad hasta el 14 de marzo, día en el que se decretó el estado de alarma y que se limitaron solo en parte", pero que ni hizo ni hace nada para frenar la pandemia.