El exconsejero del gobierno de Madrid Francisco Granados ha pasado la primera noche en la cárcel de Estremera tras su traslado este sábado. Las investigaciones confirman que Granados utilizó sus cargos políticos al frente de empresas públicas de gestión del suelo para sus negocios urbanísticos. También su influencia con alcaldes hasta crear una organización criminal.
Desde su posición de poder en la Consejería de Presidencia del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, Francisco Granados dirigió dos instituciones clave: ARPEGIO, la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid y PRISMA, el programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid. Y ese ascenso al poder le dio alas para hacer y deshacer a su antojo.
Según ABC, desde PRISMA, llegó a controlar 700 millones de euros en subvenciones a municipios y con ARPEGIO, miles de hectáreas de terreno residencial e industrial. El escenario perfecto donde edificar y para el que consiguió partidas presupuestarias que superan los 10 millones de euros.
Cantidades y adjudicaciones que Granados consiguió para la trama y que ahora investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO.
Decía Granados que todo le sonaba a "aurora boreal...". Y aunque le suene extraño lo cierto es que, hace un mes, el propio Granados advirtió a su socio David Marjaliza de que la UCO les estaban investigando. Lo supieron gracias a un chivatazo de un guardia civil.
Granados y Marjaliza están en prisión, pero éste último también supo siempre qué pasos dar como promotor inmobiliario en las esferas del poder poítico, tanto en el PP como en el PSOE. Según EL PAÍS, llegó a manejar el 60% del suelo urbanizable de Valdemoro a través de decenas de sociedades.
Pero no todo eran terrenos. En abril de 2007, Granados organizó en Villaverde una fiesta por todo lo alto: castillos hinchables, una paella para 3.000 personas, conciertos gratuitos... Y entre ellos, el de Isabel Pantoja. 250.000 euros para celebrar la llegada del metro a este barrio madrileño.
Una fiesta organizada por Waiter Music, la empresa de José Luis Huerta, imputado también en la Operación Púnica y que permanece en Soto del Real por no pagar su fianza de 300.000 euros.