El Gobierno no tiene entre sus prioridades la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos estrella de Pedro Sánchez, sino que ha situado a la agenda económica como la clave para dar la vuelta a las encuestas que evidencian un desgaste de la coalición.

El Ejecutivo, señalan fuentes de La Moncloa a esta cadena, ha preferido impulsar las reformas económicas que, entre otras cosas, exige Bruselas para la recepción de los fondos europeos. Una vez garantizada la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 con 180 votos, el Gobierno quiere que tanto la reforma laboral como la de las pensiones estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado cuanto antes.

La ley del ministro Félix Bolaños, que recibió el proyecto de su predecesora en el departamento de Presidencia Carmen Calvo, ha sido una de las damnificadas, a pesar del avance producido hace unos días, cuando PSOE y UP acordaron las enmiendas conjuntas al proyecto.

Desde el Ministerio de Presidencia restan importancia a la dilación en la aprobación de esta ley. Desde la cartera de Bolaños aseveran que no se ha paralizado, sino que se trata de una ley ordinaria y que lleva su trámite. Pero sí reconocen que el Ejecutivo ha decidido priorizar otras reformas, antes que la Ley de Memoria.

Sin embargo, y a pesar de que hoy ERC ha dado el visto bueno a las Cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ley de Memoria democrática sigue sin convencer a los republicanos. Según ha podido saber laSexta, ERC habría "sugerido" que frenen la tramitación de a norma porque, a día de hoy, no saldría adelante.

De hecho, y esta misma mañana, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha mostrado su disconformidad con el proyecto del Gobierno. "Las enmiendas el PSOE y Unidas Podemos las tienen desde hace un mes, pero no tenemos respuesta", ha lamentado. En este sentido, ha reprochado que la ley no declare "ilegal" el régimen franquista, lo que permitiría anular decisiones judiciales como la condena a Salvador Puig Antich.

También está en el punto de mira la Ley de Amnistía de 1977, que el Gobierno no derogará. "No se puede vender el hecho de que vas a reparar (a las víctimas) y vender indemnizaciones sin poder perseguir a los victimarios y eso no es posible si no toca la Ley de Amnistía", ha subrayado Rufián.