Tras cinco años

"Fue una decisión política": familiares de mayores que murieron en pandemia en una residencia de Madrid piden justicia

¿Qué han dicho?
Tres mujeres aún lidian con el duelo de haber perdido a su padre, hermana y madre y claman en busca de una depuración de responsabilidades. "Nos han jodido la vida ya", dicen entre lágrimas mientras detallan el horror.

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"Solo existe una verdad y la verdad son las historias de los familiares que hemos vivido ese horror". Entre lágrimas, tres mujeres que perdieron a un familiar en una residencia de ancianos durante la pandemia en Madrid claman porque se depuren responsabilidades por sus muertes, en soledad y privados del derecho a la atención sanitaria.

Como ellas, más de 7.00 familias vivieron la misma pesadilla durante el covid-19 en Madrid por los llamados 'protocolos de la vergüenza", cuando se decidió que los ancianos no serían derivados a hospitales. Felisa Castro, Teresa López López y María Amor Gutiérrez perdieron a su padre, hermana y madre respectivamente durante la pandemia. "Nos han dejado la vida jodida ya", dicen entre lágrimas.

Para las tres, todo lo que ocurrió entonces y por lo que este viernes fueron imputados el director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos, Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, que más tarde sustituyó a Mur, "fue una decisión política", algo que complica la gestión del duelo cinco años después.

"Llevan años destrozando lo público"

"Reclamé el derecho que tenía mi padre de que le derivaran al Hospital de la Paz y me dijeron que había un protocolo", afirma Felisa completamente rota. "Mi madre, después de muerta, consta en el informe que llamaron a los hospitales y no la derivaron", dice María Amor.

Para ellas, que se les prive del derecho a la salud a personas dependientes es inexplicable. "Ya se veía, llevan años con falta de personas en los hospital, llevan años destrozando lo público", reconoce María Amor.

Este viernes se deba a conocer que la imputación de Mur y Peromingo gracias a la insistencia de la asociación de víctimas. A Mur se le acusa de ser el firmante de un protocolo que bloqueó el desplazamiento al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo, mientras que Martínez Peromingo fue el coordinador del 'protocolo técnico', que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse.