La Fiscalía de Madrid recurre a la Audiencia Provincial el auto por el que se abrió la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y vuelve a pedir el archivo del procedimiento.
Rechaza que haya un delito de prevaricación argumentando que el investigado "no sólo no ha dictado resolución alguna, sino que su comportamiento no ha incurrido en ningún tipo de arbitrariedad, en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".
Según la Fiscalía, "aplicando tales criterios a los hechos que se imputan al investigado, cabe concluir que no puede atribuirse al mismo un delito de prevaricación omisiva, teniendo en cuenta dos elementos fundamentales: primero, que no concurre en él la posición de garante que exige la comisión por omisión, y, segundo, que no existía norma jurídica o mandato imperativo alguno que hubiese violentado arbitrariamente con una inactividad".
Cree que no es "razonable" exigir al delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo, en referencia a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
La jueza rechazó archivar la causa
Y esto después de que la jueza haya rechazado el archivo de la causa como había pedido el fiscal y también la Abogacía del Estado. En su escrito a la jueza esta semana, la Fiscalía decía que que resulta "palmario" que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación (...) no equivale a dictar resolución". Dice además que para que concurra prevaricación esa supuesta resolución debería ser "no sólo ilícita, sino también arbitraria", una conducta que tampoco es a su entender imputable a Franco.
Sobre el delito de prevaricación que se le imputa, precisa la Fiscalía que el Delegado del Gobierno, además de no dictar ninguna resolución, tampoco se le puede acusar de haber tenido un comportamiento arbitrario "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".
A su juicio, Franco no dejó de resolver petición alguna "a que viniera legalmente obligado""ni cabe atribuirle un delito de prevaricación omisiva, "teniendo en cuenta dos elementos fundamentales: primero, que no concurre en él la posición de garante que exige la comisión por omisión, y, segundo, que no existía norma jurídica o mandato imperativo alguno que hubiese violentado arbitrariamente con una inactividad". Insiste en que no tenía competencias en materia sanitaria para prohibir la manifestación.
La declaración por la OMS del COVID-19 como pandemia se produce el 11 de marzo de 2020. En opinión de la Fiscalía, con tal escenario, nacional e internacional, "pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil".
La declaración de Franco
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha defendido este miércoles ante la juez que instruye la causa del 8M la celebración de la manifestación. Fuentes jurídicas a laSexta han indicado que Franco ha mantenido que no tiene competencias en materia sanitaria, sólo de seguridad ciudadana, que en los primeros días de marzo ningún experto recomendó que no se produjeran manifestaciones y que los contagios, que se disparan exponencialmente el 9 de marzo, no pudieron producirse por la manifestación del 8M porque hay un periodo de incubación de hasta 14 días.
El momento más tenso de la hora y media de declaración se ha producido a preguntas del abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, que le ha echado en cara que había atentado contra el derecho a la vida, ante lo que Franco ha señalado que no puso en peligro la vida de nadie.