Hacer de la memoria democrática una cuestión de estado se ha convertido en una de las mayores prioridades del Gobierno de coalición. "Un país democrático tiene que hacerlo". Así lo considera y defiende Fernando Martínez (1949), historiador, senador y, desde enero de 2020, secretario de Estado de Memoria Democrática, organismo que busca cumplir con los grandes principios del derecho humanitario: "Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición"; en este caso, en lo referido a la Guerra Civil y el régimen dictatorial liderado por Franco hasta 1975. ¿Es posible reconciliar a España con su pasado?

Frente a un debate político y social cada vez más polarizado en torno a esta materia, Martínez sigue creyendo en la necesidad de apostar por medidas que promuevan la memoria de España del último siglo. ¿Llega tarde esta Ley de Memoria Democrática? Martínez recuerda a Zapatero: "Tenemos una ley desde 2007 muy importante para hacer políticas públicas de memoria. Pero a lo largo de estos 13 años se han visto las lagunas que podía tener, y han sucedido un conjunto de acontecimientos en las políticas de memoria, tanto a escala nacional como internacional, que aconsejaban hacer una nueva ley de memoria".

Se refiere el secretario de Estado a los informes de organismos humanitarios internacionales, como el publicado por el relator de la ONU Pablo de Greiff en 2014 –a quien la web del Valle de los Caídos señala como "miembro del Nuevo Orden Mundial", tacha de "imparcial" y le pide "menos coñas"– o el expuesto por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (ACNUDH). También, a la aparición de leyes autonómicas haciendo caso a las "reflexiones hechas en torno a la ley de 2007" y a las "demandas del movimiento memorialista". En definitiva, un conjunto de elementos que "han impulsado una nueva ley que corrige los déficits de la anterior de cara a cumplir los objetivos de 2007, pero que además implementa muchas más cosas".

Pero ¿en qué cambia esta ley respecto a la de 2007? Martínez y el Gobierno ponen el foco en una medida "fundamental que tiene que liderar el Estado": la localización, búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas en fosas comunes, que contará con 60% del presupuesto adquirido. "Se han perdido mucha fosas desde la Guerra Civil", lamenta el político, que explica cómo van a proceder en este punto: "Hemos implementado un plan de choque que tiene dos pilares: uno de subvenciones que ya han salido para asociaciones sin ánimo de lucro, universidades o proyectos. Y un segundo pilar: 750.000 euros destinados estrictamente para exhumaciones a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

"Paralelamente –continúa Martínez–, hemos elaborando un plan cuatrienal de exhumaciones con las Comunidades Autónomas, con las que ya hemos tenido una conferencia nacional". Y advierte de que habrá exhumaciones prioritarias: "Aquellas que están en parajes abiertos y que sufren peligro de desaparición, como las que hay al lado de ríos o arroyos; aquellas que ya tienen toda la tramitación administrativa, como el caso de Andalucía; las fosas grandes, como las de Pico Reja, Córdoba, Huelva o Víznar, donde hay miles de fusilados; y aquellas que están en cementerios". Desde el año 2000, se ha conseguido desenterrar más de 9.000 cuerpos, y el objetivo es "exhumar en torno a 20.000 cadáveres".

Problemas para aplicar la ley

Fernando Martínez asume que el marco de colaboración con otras administraciones "es total" para llevar a cabo esta y otras medidas, como la creación de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura o la ampliación del mapa de fosas. Pero ¿es posible su implementación cuando hay organismos que por motivos ideológicos no han aplicado en su totalidad la anterior ley de memoria histórica?

El secretario de Estado es tajante: "A través de siete artículos se establecen con claridad los elementos contrarios a la memoria democrática, y las leyes están para cumplirlas desde el primer hasta el último punto geográfico del Estado español". Confirma así que cuentan con "garantías de cumplimiento, como cualquier precepto de una ley", y pone para ello un ejemplo: "Si un pueblo tiene la toponimia de un dirigente golpista y todavía se plantea si se quita o no, porque hay una situación ambigua, la ley es suficientemente clara. Se quita. El ayuntamiento tiene que quitarlo porque lo ordena la ley".

Lo mismo sucede con la eliminación de vestigios franquistas, que va más allá: "La ley de 2007 tenía tan solo un artículo dedicado a esto. Con estos siete artículos se perfila perfectamente qué es lo que se tiene que retirar y qué no. No solamente eso, añade algo que no tenía la antigua ley, que es un régimen sancionador para aquellos que no cumplan con los preceptos que establece esta ley". Ese régimen cuenta con tres tipos de sanción: "Las muy graves, como deteriorar una fosa común; las graves, como intervenir una fosa sin permiso; y las leves, como destruir una placa de un lugar de memoria".

La apología del franquismo no es de interés general, es causa para iniciar el proceso de extinción"

Fernando Martínez

De esta forma, destaca el secretario de Estado, "se garantiza perfectamente que no pueda haber simbología que exalte al golpe de Estado ni a la dictadura. La ley corrige profundamente esto". En este sentido, la nueva norma histórica tampoco se olvida de las reivindicaciones franquistas y fascistas, y parece incluir un mensaje claro dirigido a la Fundación Francisco Franco. "Todas las fundaciones tienen que responder a intereses de carácter general, y la apología del franquismo no lo es". Según Martínez, ese discurso, junto con "la incitación al odio directa o indirectamente contra víctimas o familiares, es causa para iniciar el proceso de extinción".

Un censo de víctimas y otras medidas

Otra de las medidas más destacadas que recoge la nueva Ley de Memoria Democrática es la creación de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, otra cuestión de gran "importancia" y "necesaria" para el Gobierno. La razón: en España "no tenemos un censo oficial", como sí lo tienen otros países europeos, y "todas las cifras que se dan son estimaciones".

¿Cómo plantea el Gobierno llevarlo a cabo? Responde Martínez: "Haremos un censo amplio, pero sin entrar en colisión con la protección de datos. Un censo de personas desparecidas o fallecidas que han pasado por tribunales de responsabilidades políticas, por consejos de guerra, por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo; personas que han estado en la guerrilla, que han sufrido las torturas".

La ley, o al menos su aplicación, se enfrenta al gran problema de la escasa –por no decir prácticamente inexistente– documentación relativa al número de personas ejecutadas o desaparecidas durante los años de contienda y el régimen. ¿Cómo se actuará entonces para publicar un censo completo? Martínez asegura que no solo buscan expedientes: "Vamos a trabajar con todas las fuentes que tengamos. Se pondrá lo que sepamos fehacientemente que es cierto". Y si bien reconoce que "habrá otras cosas que quedarán pendientes de tener una documentación más ajustada", resalta que "los censos son vivos, no se hace uno y ya está. Se van incorporando cosas e incluso se pueden rectificar si algo es erróneo en un momento determinado".

A esta medida se suma otra de igual importancia: la creación de un Banco Nacional de ADN exclusivo para víctimas del franquismo que se llevará desde el Instituto Nacional de Toxicología y que cuenta, según matiza Martínez, con "una partida presupuestaria para la adquisición de un software" específico que permita ponerlo en marcha: "Nos hemos puesto en contacto con muchos laboratorios, con gente que trabaja en identificaciones genéticas y con el equipo del Instituto Nacional de Toxicología para su desarrollo".

También adquiere especial importancia para esta ley el papel del Valle de los Caídos en la reparación y la dignificación de las víctimas del franquismo tras la exhumación de los restos de Franco: "El relato que hay del Valle de los Caídos es un relato franquista, y hay que resignificar el valle, que no es otra cosa que explicar cómo se construye y quién lo construye". Para ello, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se encuentra trabajando en una página web que explique el significado de un monumento que, en palabras de Martínez, es "el resultado de la simbiosis entre religión y política, el nacionalcatolicismo". Y añade: "La idea es convertir el relato franquista en un relato democrático explicando todo con hitos históricos, documentales, discursos… todo lo que ha sido la trayectoria con recursos pedagógicos".

La memoria democrática, una construcción de sensibilidades

Martínez pone énfasis en otros aspectos claves que recoge la ley. A destacar, la "presencia transversal" que tienen las mujeres a lo largo de la misma, un aspecto que no estaba incluido en la de 2007: "Se reconoce el papel que han tenido en la conquista de los derechos y libertades en España, como también en la represión específica que sufrieron por el hecho de ser mujeres". No olvida tampoco el "importantísimo" trabajo del movimiento memorialista: "Todo eso marca cómo enlazamos las políticas de memoria española con las políticas de memoria trasnacionales".

Precisamente, lo que hasta ahora se conoce de esta nueva norma histórica no ha acabado de convencer totalmente al movimiento memorialista, que considera poco ambiciosas algunas de las cuestiones fundamentales que se dictan en la misma. ¿Cree Martínez que se han recogido las sensibilidades de este colectivo? "Creo que están recogidas prácticamente todas", asevera, y se explaya: "Planteaban el liderazgo del estado, la anulación de las sentencias, la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y derechos humanos o la condena del franquismo, que no había aparecido todavía en la parte positiva de la ley (sí aparece en la exposición de motivos de 2007)".

"Si coges lo manifiestos que siempre han hecho los movimientos memorialistas, están recogidos el 100% de las cosas", prosigue, admitiendo sin embargo que "puede haber matizaciones, como hacer las cosas de una manera u otra". Para ello, recuerda, la ley se encuentra en el periodo de audiencia e información pública que permitirá una nueva lectura en función de las propuestas presentadas: "Termina el día 3 de diciembre con la finalidad de que, cuanto antes, una vez que reciba los informes preceptivos, pase por segunda vuelta al Consejo de Ministros y ya la ubiquemos en el debate parlamentario. Esperemos que sea en enero o, a más tardar, en febrero, pueda ya estar ya en las cortes". El objetivo en cualquier caso es recuperar la memoria de un país cuyo recuerdo está en peligro de caer en el olvido.