Previsiblemente, la ley "estrella" de esta legislatura para la regeneración democrática se aprobará y remitirá al Senado con el apoyo del PP, CiU y PNV y los votos en contra de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y el grupo mixto.
Los socialistas, por su parte, aseguran que no tienen su voto decidido y que dependerá de las enmiendas que acepte el PP en el último momento.
De las 20 enmiendas que mantiene vivas, el PSOE considera fundamental una destinada a impedir que un pleno municipal pueda destituir a un alcalde o un concejal y también las referidas a la composición del futuro Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano que velará por el cumplimiento de la ley.
Fuentes del grupo socialista aseguran que se mueven entre la abstención y el voto en contra y que sería "muy raro" que votaran a favor, después de la ruptura de relaciones con el PP que anunció su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, a mediados de julio por el caso Bárcenas.
La falta de explicaciones que, según la oposición, ha dado el Gobierno sobre este caso y el rechazo continuo del PP a sus iniciativas sobre este asunto llevó hace dos meses, no sólo a los diputados socialistas, sino también a los de la Izquierda Plural y grupo mixto a no participar en los trabajos de la ponencia.
El PP, que hasta entonces acariciaba un amplio acuerdo con el PSOE, CiU, PNV y parte del grupo mixto (Coalición Canaria), tuvo como único interlocutor para negociar enmiendas al representante de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ya que sin el PSOE e IU el resto de grupos (CiU y PNV) consideraron que no se daban las condiciones para trabajar y tampoco participaron.
Una vez que la ponencia concluyó su dictamen, éste fue aprobado en la Comisión Constitucional el pasado 31 de julio con los votos del PP, CiU y PNV.En aquella ocasión, aunque los socialistas habían anunciado su voto en contra, finalmente se abstuvieron y alegaron que lo habían hecho por "error".
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno tiene un triple alcance: incrementa la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas, reconoce y garantiza el acceso a la información y fija las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
Al texto que se votará dentro de unas horas se han incorporado por el momento más de 90 enmiendas de la oposición, la mayoría de los nacionalistas vascos y catalanes y quince de los socialistas, entre las que destacan las que afectan al ámbito de aplicación de la ley y el régimen de sanciones.
Tras la votación, el trámite parlamentario continuará en el Senado y, si allí no se modifica, la ley quedará definitivamente aprobada, aunque volverá al Congreso si la Cámara Alta introduce cambios.