El Gobierno de España ha celebrado este lunes el encuentro que ha mantenido con el Govern de la Generalitat, que supone "un buen comienzo en la reactivación del dialogo por parte del Gobierno de España"; lo ha calificado como "fructífero" y "muy constructivo" y ha dicho que se ha desarrollado en "buen tono", "amable y muy honesto", y en "un ambiente muy distendido". Rodríguez ha asegurado que no se han abordado asuntos como autodeterminación y amnistía, que podrán ser objeto de la mesa de diálogo que debe reactivarse en septiembre.
Asimismo, ha señalado que la representación de la Generalitat sí ha hablado de fondos europeos, pero la propia ministra ha matizado que "por respeto a todas las autonomías y al sector empresarial", este no era "el marco más ajustado" para abordar ese asunto. En concreto, la ministra ha informado de que se han alcanzado cinco acuerdos "que van avalados por un calendario de trabajo para el próximo semestre". Uno de ellos, sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, con una inversión de 1.700 millones de euros.
Estos cinco acuerdos hacen referencia a la reducción de la conflictividad institucional; la encomienda a la Comisión Mixta de Transferencias para que se culmine el traspaso de materias como becas y ayudas al estudio; la creación de un grupo de trabajo para tratar traspasos "viables", como Formación Profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales; y la creación de un grupo de trabajo para abordar el traspaso en el ámbito de los ferrocarriles.
Después de la mesa de dialogo prevista para septiembre, el calendario acordado hoy arrancará ese mismo mes con las "rodalies", que abordará un grupo de trabajo, y seguirá en octubre analizando otras materias "susceptibles de ser traspasadas". En noviembre continuará con la Comisión de Infraestructuras y en diciembre con la de Asuntos Económicos y Fiscales, para convocar una nueva Comisión Bilateral en enero o febrero del próximo año en la que "analizar el fruto de este proceso", que espera sea "productivo".
La titular de Política Territorial ha querido dejar claro que "la relación del Gobierno (central) es con el Gobierno (catalán), no se trata de una cuestión de partidos sino de una relación institucional y en ese marco de referencia constitucional es en el que se mueve el Gobierno de España". El objetivo del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, ha insistido, es conseguir una relación "distinta" que permita "acabar con la conflictividad social y política en Cataluña", "siempre -ha añadido- en el marco de la ley y la Constitución".
La Generalitat lo ve "insuficiente"
Por su parte, la consejera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, considera "insuficientes" los avances registrados en la Comisión Bilateral para materializar los 56 traspasos que reclama el ejecutivo catalán, aunque ha destacado que se han calendarizado reuniones para analizarlos a partir de octubre.
Entre los asuntos concretos hay por ejemplo el traspaso de recursos del ingreso mínimo vital, la financiación de la ley de dependencia, la gestión de varias infraestructuras, el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, la formación médica especializada, salvamento marítimo, políticas activas de empleo, inspección de trabajo, infraestructuras de riego, así como la titularidad de edificios como la sede de la Jefatura Superior de Policía en la Via Laietana de Barcelona.
Vilagrà ha indicado también que no se ha hablado, en cambio, de las reivindicaciones de amnistía y autodeterminación, porque eso el Govern lo planteará en la mesa de diálogo que se reactivará en septiembre, sin que sea "moneda de cambio" de los asuntos tratados en la Comisión Bilateral.
Con más detalle que la ministra, la consejera ha informado, entre otras cuestiones, de que se crearán grupos de trabajo para estudiar, por un lado, un cambio de legislación estatal para hacer el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y armonizarlo con la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña y, por otro, posibles "cambios" en la legislación que permitan retirar el recurso del Gobierno contra la regulación catalana de los alquileres.
Puigneró muestra su "malestar por no querer tratar el asunto de los fondos europeos" en el encuentro
En cuanto a "conflictividad competencial", han acordado según Vilagrà "agotar" la vía de la negociación para evitar la impugnación de leyes y "no suspender automáticamente" de manera general las normativas catalanas que recurra el Estado. En cambio, no ha habido acuerdo en la petición del Govern de proteger también la lengua catalana en la ley del audiovisual.
Por su parte, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha coincidido en estimar "insuficientes" los acuerdos y esperará a ver cómo se concretan los traspasos en las próximas reuniones, en las que se comprobará "si el Gobierno tiene intención de avanzar en la pantalla del autogobierno". Puigneró ha trasladado al Gobierno su "preocupación" por las "leyes recentralizadoras" y ha manifestado su "malestar por no querer tratar el asunto de los fondos europeos" en la reunión de hoy.