Ante el TJUE
Bruselas pone en duda que la amnistía responda a un "objetivo de interés general" al ser "parte de un acuerdo político"
La otra cara El abogado de la Comisión Europea incide en que las "autoamnistías" para blindar al "poder político" son "contrarias al principio del Estado de Derecho.
Resumen IA supervisado
La Comisión Europea ha criticado la Ley de Amnistía del Gobierno español, argumentando que no responde a un interés general, sino a un acuerdo político para facilitar la investidura. Carlos Urraca, abogado del Ejecutivo comunitario, señaló que España no siguió la recomendación de la Comisión de Venecia de dialogar adecuadamente para lograr la reconciliación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudia si la ley afecta los intereses financieros de la UE. La ley, vigente desde junio de 2024, excluye delitos que afectan a la UE. El Govern de Cataluña defiende la legalidad de la amnistía, avalada por el Tribunal Constitucional.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Comisión Europea ha sido muy dura este martes con la Ley de Amnistía del Gobierno, de la que ha dicho que "no parece responder a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España". Lo ha dicho así el abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea.
Así, Urraca ha añadido que "las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de reconciliación", según recoge EFE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra este martes las dos primeras vistas en las que comenzará a estudiar la Ley de Aministía. La primera, a instancias de Sociedad Civil Catalana, determinará la responsabilidad contable de los líderes del procés, por los gastos destinados al referéndum del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de Cataluña, así como los destinados entre 2011 y 2017 a promover fuera de España la independencia de Cataluña. Sociedad Civil Catalana estima en cinco millones de euros esta cuantía.
El 11 de junio de 2024 entró en vigor la Ley Orgánica de Amnistía, que declara la extinción de las responsabilidades contables derivadas de los actos relacionados con el proceso independentista. No obstante, la Ley determina que quedan excluidos de la amnistía los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
En este sentido, el abogado de la Comisión ha afirmado que no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión". No obstante, Bruselas ha dicho que corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se han desviado fondos europeos para financiar el procés, y ha asegurado que el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma "podría impedir" que "se lleve a cabo este examen".
El órgano jurisdiccional español tiene que decidir si aplica la Ley Orgánica de Amnistía, y tiene dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión. Por ello ha planteado varias preguntas al respecto al Tribunal de Justicia.
Entre otras cosas, desea saber si es compatible con el Derecho de la Unión una legislación nacional de un Estado miembro que, a través de la amnistía, exime de responsabilidad penal a personas acusadas de actos de terrorismo por haberse cometido estos con el propósito de segregar una parte del territorio nacional de dicho Estado.
Por otro lado, también este martes se celebra una segunda vista promovida por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) por la causa contra los CDR.
Gobierno y Generalitat defienden la amnistía
Al respecto, la consellera y portavoz del Govern de Cataluña, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes que ve "blindada legalmente" la ley de amnistía, que afronta las primeras vistas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, en la que Paneque ha hecho una "defensa cerrada" de la ley de amnistía, que según ha recordado fue aprobada en el Congreso de los Diputados con las mayorías parlamentarias necesarias y, recientemente, ha sido "avalada" por el Tribunal Constitucional (TC).
También se ha pronunciado en esa línea, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha subrayado que tanto la Comisión de Venecia como el Tribunal Constitucional han afirmado que la ley de amnistía responde a "un fin legítimo". "La ley de amnistía no afecta a los interese financieros de la UE y no contraviene la directiva contra el terrorismo", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo.