12 de junio. Es la fecha en la que próximamente concluye el mandato de una tercera parte de los miembros del Tribunal Constitucional, cuya renovación corre peligro por culpa del bloqueo del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y el desencuentro entre el PSOE y el Partido Popular.

En concreto, el nombramiento de dos de esos magistrados corresponde al Gobierno y el de los otros dos al propio CGPJ. Sin embargo, el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces desde hace más de tres años y la falta de acuerdo político para renovarlo van a dificultar a su vez la renovación del Constitucional. Una renovación que, además, supondría para el tribunal pasar de la actual mayoría conservadora a una progresista.

De acuerdo con el diario 'El País', el Ejecutivo quiere nombrar a los dos magistrados cuya designación le corresponde sin esperar a que el CGPJ haga lo propio, puesto que este último órgano, al estar en funciones, tiene prohibido hacerlo. La cuestión de si el Gobierno puede nombrar su cupo de magistrados aunque el CGPJ no pueda hacerlo a la vez debe resolverla el propio Constitucional.

Debate dentro del tribunal

Y hay debate al respecto dentro del propio tribunal. En este sentido, fuentes del Constitucional consultadas por laSexta apuntan que la posición mayoritaria es que después de las elecciones andaluzas los partidos renueven el CGPJ y eso permita renovar también a esos cuatro magistrados del tribunal.

Sin embargo, la mayoría conservadora ha cerrado filas tras declarar ilegal la semana la norma por la que los tribunales de justicia autonómicos controlaban las restricciones por COVID-19 y la posibilidad de paralizar las renovaciones que corresponden al Gobierno es "una posibilidad cierta y que está encima de la mesa ahora mismo". Esto se llevaría a cabo en el Pleno del Constitucional que tradicionalmente avala los nombramientos tras comprobar que reúnen los méritos de mérito y capacidad.

No obstante, otras fuentes del sector conservador apuntan que la posibilidad de vetar los dos nombramientos del Gobierno no está encima de la mesa, que no se ha tratado en ningún pleno y que la vía de trabajo principal es que "en un plazo razonable" se renueve el CGPJ y después el tribunal. Apuntan que este es un "problema político" y no del tribunal y que en ese ámbito debería resolverse en un plazo razonable después de las elecciones andaluzas.

Por su parte, desde el sector progresista del tribunal se apunta que, aunque la Constitución señala que la renovación se hace por ternas -en este caso, del CGPJ y del Gobierno-, hay precedentes en que se renovaron de forma independiente unos y otros, como ocurrió con el Gobierno de la UCD. Inciden además en que "la renovación de magistrados que corresponde renovar al Gobierno nunca se ha retrasado".