La idea del campus era concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales de la región, pero finalmente el proyecto se paralizó cuando sólo se había construido un edificio, el cual, además, no puede ser utilizado por irregularidades contables.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid detectó en el proyecto incumplimientos de "diversas irregularidades, entre las que destacan las relativas a adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público".
También se recogió el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales "sólo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado, así como diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal".
En abril, el Gobierno regional, con Cristina Cifuentes como presidenta, decidió denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción.