La reforma de la ley del aborto vuelve a colocarse en el centro de la actualidad política y social de España. Así lo ha querido poner de manifiesto la recién nombrada directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades -órgano dependiente del Ministerio de Igualdad-, Antonia Morillas, que este miércoles, poco después de tomar posesión de su nuevo cargo, anunció una de las prioridades claves de su mandato: permitir que las menores de entre 16 y 18 años puedan interrumpir su embarazo sin necesidad de consentimiento paterno.

El objetivo con esta modificación es ampliar el derecho de la mujer a decidir tanto en el embarazo como en el parto; una nueva "ofensiva en defensa de los cuerpos de las mujeres". Sus propósitos son, evidentemente, los del Gobierno, pero van más allá de eliminar ese permiso de los padres hasta ahora obligatorio. Porque Igualdad también quiere evitar que muchas mujeres se vean obligadas a trasladarse a otra provincia o comunidad -recorriendo hasta cientos de kilómetros- para ejercer ese derecho al aborto. Sorprende, pero es una situación real que sigue muy presente en España.

Más de 6.000 mujeres tienen que desplazarse anualmente a otra provincia para poder abortar, según datos del Gobierno. Actualmente, en 12 de ellas las mujeres deben coger algún medio de transporte para viajar a otro punto donde poder hacerlo. Cabe recordar que la interrupción del embarazo está despenalizada en España desde hace más de 35 años; es legal, un derecho adquirido que se aplica en la totalidad del territorio. Sin embargo, en ocho provincias y dos ciudades autónomas no se han practicado abortos en 30 años (es el caso de Palencia, Zamora, Ávila, Segovia, Teruel, Cuenca, Toledo y Cáceres, así como Ceuta y Melilla).

Según explica 'Newtral', a pesar de haberse registrado solicitudes en las zonas mencionadas, estas han sido derivadas a otras provincias o comunidades para llevar a cabo la intervención. El problema no se queda ahí, pues en muchos casos no sólo se deriva esta práctica a otro territorio, sino también a centros privados, a pesar de que la red sanitaria pública ampara esta práctica. ¿Por qué razones? ¿Qué sentido tiene que, a pesar de que hay una ley vigente desde 2010, en muchas regiones no se reporten interrupciones del embarazo en centros públicos desde hace años? Uno de los factores tiene nombre propio: la objeción de conciencia.

La objeción de conciencia es un derecho individual que se ha acabado ejerciendo en bloque"

Fernando González 'Gonzo' (Salvados)

"Si bien es un derecho individual, se ha acabado ejerciendo en bloque, y no solo en hospitales concretos; también en todo el sistema de salud de una comunidad autónoma". Así lo ha detallado el periodista Fernando González 'Gonzo', presentador de Salvados que ha investigado esta cuestión en el último reportaje publicado en el programa: "La ley reconoce que se deben practicar en el sistema público de salud, o si no en clínicas concertadas". 'Gonzo', que ha recogido una serie de testimonios de mujeres que han vivido una situación de este tipo, apunta que "esas clínicas no ofrecen las mismas garantías de calidad asistencial que un hospital, y en muchos casos no son ni recomendables".

Para el periodista, esto no es solo una cuestión de objeción de conciencia: "Probablemente sea el argumento -o la excusa- que encuentran los dirigentes de varias comunidades para ni siquiera generar circuitos o métodos que permitan, aunque haya objetores de conciencia, practicar abortos en esas regiones". Así, según concluye 'Gonzo', son muchas las experiencias "dantescas" que continúan dándose en nuestro país por este rechazo a la hora de llevar a cabo una intervención de estas características, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de las mujeres "en estado de salud frágil, con hemorragias, y teniendo que hacer cientos de kilómetros para acabar en clínicas de las que nadie habla ni medianamente bien".

El franquismo, escenario de tragedias

La lucha de las mujeres por despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en España se remonta a casi 100 años atrás. El planteamiento nace, claro, de la mano de una mujer. La anarquista Federica Montseny, que en 1936 se convirtió en la primera mujer ministra de la historia del país al ocupar la cartera de Sanidad, planteó una medida revolucionaria atendiendo al contexto político en el que se dio: el primer proyecto de ley del aborto de España. No llegó lejos. Aunque se redactó el borrador, el Consejo de Ministros de entonces no lo aprobó. Ni siquiera ella estaba del todo a favor.

"Yo era adversa, pero lo aceptamos como un mal menor en los casos en donde llevar a término un embarazo representara un problema social, médico o personal para la mujer que era víctima de esa situación de hecho", argumentó Montseny muchos años después, en una entrevista concedida a Televisión Española en 1991. Para entonces, España todavía intentaba superar los estragos que provocó en la población la dictadura franquista, especialmente en las mujeres. Porque no solo fueron relegadas a un segundo o tercer plano en todos los sentidos posibles. Durante el régimen, el Código Penal castigaba con la cárcel los abortos, e incluso la prescripción de anticonceptivos.

De hecho, solamente informar de esta solución ya conllevaba una posible multa o traslado a prisión. No menos grave es que se contara como atenuante para rebajar la pena el hecho de que la mujer hubiera optado por interrumpir su embarazo para ocultar su deshonra. El aperturismo obligado del país con la modernización económico-social de otras potencias ayudaron a que los anticonceptivos se despenalizaran en 1978, si bien la práctica del aborto continuó siendo perseguida y castigada durante siete años más; razón por la que, hasta 1985, se produjo un gran drama por esta cuestión.

Porque miles y miles de mujeres, con la ley de España presente, se vieron en la necesidad de viajar a otros países, sobre todo en los 70 y 80, para poder abortar. Reino Unido fue uno de los destinos más solicitados -se estima que unas 20.000 mujeres acudieron al país británico a interrumpir su embarazo a principios de los años 80-. Francia, Portugal y Holanda también eran destinos recurrentes, pero no todas las mujeres se podían permitir un viaje de estas características. Muchas no tuvieron más remedio que hacerlo en España, en la más absoluta clandestinidad; a menudo en condiciones insalubres, sin la garantía asistencial de un sanitario, y con el miedo a ser descubiertas.

Ello provocó, inevitablemente, que las urgencias de los hospitales recibieran en muchas ocasiones a pacientes que habían sufrido hemorragias, desgarros y perforaciones de útero. No solo eso: en 1974 se registraron 3.000 mujeres muertas a consecuencia de estos abortos por efectuarse bajo ninguna medida de seguridad. "Bastantes mujeres lo pasaron muy mal e iban a las 'aborteras', gente que hacía abortos en condiciones pésimas, con grandes peligros para la salud de las mujeres", relató Consuelo Catalá, experta en salud sexual y reproductiva de las mujeres, en El Intermedio en 2019.

Huelga decir que el machismo, inherente a la estructuras heteropatricarles de la dictadura, tampoco ayudó de ningún modo a abrir el debate sobre esta cuestión. Ya en los 70 muchos hombres denunciaban sin tapujos el aborto, tachándolo de "homicidio", de "desprecio a la paz religiosa" o de "crimen biológico" -algunos argumentos no distan mucho de lo que se sigue escuchando hoy en día-.

Nace el debate y llegan las reformas

Un hecho 'inesperado' lo cambió todo: el juicio a 'Las 11 de Basauri'. En octubre de 1979, diez mujeres y un hombre pusieron el foco en el aborto y sus consecuencias al sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Bilbao por la interrupción de los embarazos. Se enfrentaban a penas de 12 años de cárcel. A las puertas de la sede judicial, un grupo de mujeres que se incrementaba por días y meses gritaban por su puesta en libertad, reclamando la amnistía de las acusadas y un debate abierto para empezar a abordar esta cuestión. 'Las 11 de Basauri' fueron absueltas en 1982, y luego indultadas en el 83.

Con este juicio, el movimiento feminista logró que el aborto dejase de ser un tema privado y viera la luz, pues se activó la movilización social de las mujeres en toda España y llevó a la calle la división absoluta entre personas a favor y encontra de la ley del aborto. Entonces, muchas de ellas aún seguían obligadas por ley a abortar en condiciones absolutamente terribles. Fue en 1983 cuando el PSOE presentó un nuevo proyecto de ley del aborto que no obstante no satisfizo los objetivos del colectivo feminista. La razón: se mantenía el aborto dentro del Código Penal y se impedía que se desarrollasen prácticas dentro de los centros de salud de la sanidad pública.

"Para que se practicase el aborto, la mujer tenía que someterse a un informe psiquiátrico que en un futuro podía volverse contra ella", apuntó en El Intermedio Consuelo Catalá. Así, la primera ley de interrupción del embarazo, publicada en 1985, recogía los siguientes supuestos: despenalización en las 12 primeras semanas de embarazo por violación, hasta 22 semanas por riesgo de malformaciones en el feto y sin límite en el riesgo para la salud física y mental de la madre. Alianza Popular recurrió esta ley al Tribunal Constitucional (con protagonismo de José María Ruiz Gallardón, padre del exministro), que finalmente dio la razón al PSOE y entró en vigor.

El PP luchó por cambiar la reforma de la ley del aborto impulsada por Zapatero; Ruiz-Gallardón, el protagonista

Las mujeres tuvieron que esperar hasta 2010 para que el aborto fuera libre en España hasta las 14 semanas de gestación. También fue un gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, quien realizó reformas sobre la norma. En esta ocasión, se concedía el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, y hasta la semana 22 por el riesgo de la madre o graves anomalías en el feto. También en esta ocasión el PP intentó cambiar esta ley, y en 2013, los populares, con Rajoy a los mandos del país, lanzaron un proyecto distinto que eliminaba las malformaciones del feto como una de las condiciones para mantener ese supuesto del aborto.

Esta ley fue defendida en el Congreso de los Diputados por el ministro de Justicia del PP en ese momento, Alberto Ruiz-Gallardón, que el 13 de mayo de 2013 defendió así este proyecto: "Si hay interrupción del embarazo, será por un motivo distinto pero jamás podrá ser por la discapacidad de una persona, porque eso significaría crear personas de primera y de segunda". Sus palabras generaron una gran polémica social, provocando una falta de consenso hasta en el seno del Partido Popular.

Así las cosas, Rajoy optó por retirar esa propuesta y un año después, en 2014, Gallardón presentó su dimisión como ministro de Justicia a consecuencia "de la decisión adoptada por el Gobierno en relación a la retirada del anteproyecto de la ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer". En 2015, Rajoy introdujo una modificación en la ley del aborto centrada, básicamente, en la obligatoriedad del permiso paterno para jóvenes entre 16 y 17 años. Modificación que ha vuelto a situado esta cuestión en el centro de la agenda política y mediática y que, ahora, nuevamente con un gobierno proresista, pretende dar un paso más en la eterna lucha de las mujeres por tener total derecho sobre su cuerpo.