AL NO APRECIAR INDICIOS DELICTIVOS TRAS LOS INTERROGATORIOS

AL NO APRECIAR INDICIOS DELICTIVOS TRAS LOS INTERROGATORIOS

Archivan la causa por prevaricación contra el Gobierno del PP en Los Alcázares

El juez que investigaba a seis de los ocho ediles populares del Gobierno local de Los Alcázares, en Murcia, como presuntos autores de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de unas obras, ha archivado las diligencias al no apreciar indicios delictivos tras los interrogatorios practicados.

Anastasio Bastida, alcalde de Los Alcázares
Anastasio Bastida, alcalde de Los Alcázares | murcia.com

La causa hacia seis de los ochos ediles del PP en Los Alcázares, Murcia, por presuntos autores de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de unas obras, ha sido archivada por el juez tras no observar indicios delictivos después de llevar a cabo los interrogatorios.

En un auto, el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de la localidad murciana de San Javier, Antonio Morente, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones abiertas a raíz de una denuncia del grupo municipal socialista contra el alcalde, Anastasio Bastida y cinco de sus ediles. También archiva las diligencias contra dos empresarios, el interventor y la secretaria municipales y la hija del primer edil, todos ellos investigados desde el pasado 12 de febrero.

El PSOE se querelló por prevaricación contra el equipo de Gobierno por convocar un procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de las obras de rehabilitación del muelle de la Pescadería, en el mar Menor.

En el procedimiento, al que se presentaron las empresas Tecopsa, Undinter y Aitana, el juez apreció indicios de delito en la escasa diferencia de precio de las ofertas y en la vinculación de la adjudicataria, Tecopsa, con las otras, pues uno de los empresarios investigados era apoderado mancomunado solidario de Tecopsa y administrador único de Aitana, y el otro, administrador único de Tecopsa y solidario de Urdinter.

Ahora, tras las pruebas testificales, el juez recuerda, respecto a la posibilidad de llamar a unas empresas determinadas, que la legislación sólo establece un número mínimo y "permite incluso cierto grado de vinculación entre ellas". "En base a la prueba practicada, no puede considerarse que entre las mercantiles exista un grado de vinculación tal que suponga que en realidad sólo se llamó a una sola empresa y es factible que se invite a firmas vinculadas siempre que se evite la presentación de ofertas temerarias", señala el auto.

Respecto a la escasa diferencia de precios entre las distintas ofertas, indica ahora que "se trata de una circunstancia normal en los procedimientos de contratación administrativa". En cuanto a la contratación de una hija del alcalde por la adjudicataria de las obras unos días antes de conseguir las obras, indica que fue una "coincidencia" y que "si hubiese sido en contraprestación de un trato de favor, el contrato habría sido indefinido o por un sueldo considerable, y no de formación por unos 1.000 euros al mes".

EFE | Murcia | Actualizado el 27/07/2018 a las 20:08 horas

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