El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este martes la puesta en libertad del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó lo contrario el año pasado. "Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario y el director del Penal de Barbadillo [donde permanece recluido], en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori", reza el auto.

La resolución, firmada por tres de los seis miembros del tribunal, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, ha declarado "fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso".

El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al tribunal. El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había afirmado que las autoridades debían "proceder a la excarcelación inmediata" de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", ha declarado Morales al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones. En ese sentido, la resolución emitida este martes por el TC también llamó "severamente la atención" al juez de Ica y lo exhortó a "poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus".

Sin embargo, un aparente error en el registro de las firmas en la resolución ha impedido que pudiera ser liberado el mismo martes, según ha afirmado la hija del expresidente, Keiko Fujimori. En declaraciones a los medios, la excandidata presidencial ha explicado que "ha habido una pequeña traba administrativa que ha impedido que [la liberación] se ejecute hoy". "Esperamos que en las próximas horas, mañana temprano, se pueda corregir este error para ejecutar la libertad", ha añadido.

Fue condenado a 25 años de prisión

El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. La semana pasada, horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.

El organismo recordó que el 7 de abril de 2022 "estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto 'por razones humanitarias' en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta". Por su parte, la CorteIDH pidió al gobierno peruano que le remita un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución del año pasado. Al respecto, el TC se manifestó en su resolución de este martes "sobre la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cumplimiento de sentencias, para disponer la inejecutabilidad de una sentencia".

Tras señalar que "resulta inobjetable" que "existe una obligación del Estado de cumplir" con las decisiones emitidas por la CorteIDH, consideró que esta debe someter cualquier incumplimiento a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) "los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos". Según el análisis de los magistrados firmantes, por ese motivo "queda fuera de su competencia (de la CorteIDH), ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional". "En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022", remarcó.

Las familias de las víctimas rechazan la decisión

La decisión ha generado el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las cuales fue condenado a 25 años de prisión, organismos defensores de los derechos humanos y legisladores de izquierda. "Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembre entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente", expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.

La representante de los deudos de este sonado caso agregó, en su cuenta de X (antes Twitter), que "el indulto de 2017 fue negociado" y ha calificado el fallo del TC como una "inaceptable decisión" y lo acompañó de la etiqueta "#FujimoriCulpable". La desaparición de los estudiantes y un profesor de La Cantuta y la matanza de 15 personas en Barrios Altos en 1991, son los dos casos de abusos a los derechos humanos por los cuales Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel. La organización feminista Manuela Ramos expresó, en la misma red social, su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori, "una persona que jamás ha pedido perdón por los crímenes contra la humanidad, ni ha reparado a las víctimas".

"Toda nuestra solidaridad para ellas. #FujimoriNuncaMás", agregó la entidad civil. Por su parte, la asesora principal de WOLA (Washington Office on Latin America), Jo Marie Burt, recordó que desde esta organización han expresado "claramente nuestra oposición a la liberación de Alberto Fujimori sin que haya cumplido las condiciones elaboradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)". "De liberarlo, el Estado del Perú incumpliría con sus obligaciones internacionales de manera flagrante", remarcó.

A su turno, la legisladora izquierdista Ruth Luque indicó, en X, que los magistrados del TC que firmaron la liberación de Fujimori (Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez) fueron designados en esos cargos por la mayoría fujimorista en el Congreso y que ahora "les devuelven el favor ordenando la libertad de Alberto Fujimori". "Han decidido desacatar abiertamente las resoluciones emitidas por la CorteIDH e ignorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Está es una decisión ilegal que consolida el pacto de impunidad", expresó Luque. En tanto, la congresista Sigrid Bazán declaró que el fallo del TC "viola la resolución de la Corte IDH e insulta la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista".