El Gobierno de Giorgia Meloni ha decretado este martes un estado de emergencia para todo el país que estará vigente durante los próximos seis meses después de que desembarcaran más de 3.000 personas a finales de Semana Santa en las costas italianas. El ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, fue quien propuso en primer lugar la medida, que contará con una financiación de cinco millones euros. Su propósito es derogar muchas de las leyes de la política migratoria actual y endurecer la entrada de migrantes al país italiano.

En dos operaciones de salvamento, que todavía siguen en progreso, la Guardia Costera italiana ha interceptado dos barcos con más de 1.200 personas a bordo cerca de Calabria y Sicilia. A ello se suman cerca de 2.000 personas que los equipos de rescate habían conseguido salvar desde el anterior Viernes Santo. Esta llegada masiva de migrantes ha provocado la reacción del Gobierno italiano, que ha optado por comenzar a aprobar mecanismos de endurecimiento de políticas migratorias, como es la declaración del estado de emergencia en todo el territorio nacional.

Con este estado de excepción migratorio el Gobierno tiene, como finalidad, frenar la entrada masiva de migrantes a sus costas. Con ello, se pretende "derogar algunas de las normas del ordenamiento vigente", ha expresado Musumeci, según declaraciones recogidas por Efe, y facilitar medidas como la expulsión de migrantes aplicable en todo el territorio además del aumento de estructuras para la repatriación de migrantes en situación de legalidad en Italia.

Musumeci ha negado que se esté resolviendo esta situación "cuya solución sólo está ligada a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea". La declaración ha sido aprobada en el Consejo de Ministros durante la jornada de 12 abril y acompañará a los italianos hasta septiembre de este año, con el fin de dejar constancia de lo que consideran que es un fenómeno grave que ha aumentado, según los números que maneja el propio Musumeci, un 300% en los últimos años, han informado fuentes del Ministerio del Interior italiano a Efe.

¿Qué es un estado de emergencia a nivel jurídico en Italia?

Hacer frente a una calamidad, desde crisis humanitarias a fenómenos naturales catastróficos son algunas de las razones legales por las que el Estado puede obtener poderes extraordinarios. El estado de emergencia en términos jurídicos es un acto administrativo que debe ser aprobado en el Consejo de Ministros mediante el cual el Gobierno puede aplicar una serie de medidas excepcionales que no podría ejecutar en otras situaciones.

Tal y como expone el artículo del Código Civil italiano sobre los requisitos necesarios para estos casos: "Son emergencias de importancia nacional, las que están relacionadas con acontecimientos calamitosos de origen natural o derivados de la actividad humana que, por su intensidad o extensión, deban afrontarse con inmediatez de intervención, con medios y poderes extraordinarios que se emplearán durante un tiempo limitado y predefinido".

A esta resolución también le acompaña una asignación de ciertos recursos financieros destinados a intervenciones urgentes y que deberán ser extraídos del Fondo Nacional de Emergencia italiano, que puede crecer durante el estado de excepción y puede aplicarse tanto en ámbito local como regional y nacional. En este caso último, el estado de emergencia no puede superar los doce meses aunque se puede prorrogar otro año y en el caso de querer continuar con él habría que aprobar una ley. En concreto Italia es una nación que ya ha declarado el estado de emergencia en numerosas ocasiones.

Qué medidas se aplican en este estado de emergencia

Según ha comunicado el Consejo de Ministros italiano se van a poner en marcha medidas extraordinarias para descongestionar Lampedusa y construir nuevas instalaciones tanto para la acogida como para el reconocimiento y repatriación de muchos migrantes en situación irregular. En concreto, se construirán al menos "un centro de repatriación para cada región", según Matteo Salvini, vicepresidente del ejecutivo.

Desde el Fondo Nacional de Emergencia ya se han asignado cinco millones de euros a la espera de una evaluación de la necesidades financieras reales. Salvini, quien actualmente ejerce también de ministro de Transportes, impulsó entre 2018 y 2019, entonces como responsable de Interior, una severa acción antimigratoria con algunas actuaciones que ahora se dirimen en los tribunales, como su negativa a aceptar el desembarco en puertos a buques humanitarios, según Efe.

Pero no ha sido la única petición de la Liga, el partido ultraderechista italiano. El líder del grupo en la Cámara de los Diputados, Riccardo Molinari, ha comentado con respecto a los centros de acogida que su intención es "ampliar la estancia a 180 días, como antes" y "recuperar algunas normas del pasado", que consideran que "han demostrado su eficacia a la hora de limitar la inmigración ilegal".

Salvini, que sostiene que es necesario "que Europa despierte", ha aprovechado esta situación para señalar a la Unión Europea, a la que acusa de "nunca" haber movido un dedo" y a la que exige algún tipo de demostración de que "existe una una comunidad, una unión, y que la solidaridad no es sólo responsabilidad de Italia, España, Grecia o Malta".