No ha pasado ni una semana desde que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reuniera en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un encuentro en el que ambos, desde las distancias ideológicas, mostraron su sintonía a la hora de requerir soluciones europeas al proyecto migratorio.

Y en siete días, la líder del ultraderechista Hermanos de Italia ha optado por declarar el estado de emergencia en su país de carácter migratorio para seis meses, una medida con la que pretenden acelerar las expulsiones de migrantes. Porque si bien Meloni llegó a la Presidencia del Consejo de Ministros -título oficial de su cargo- a bordo del descontento y prometiendo mano dura contra la inmigración, lo cierto es que en los últimos meses el fenómeno no ha parado por su presencia en el Palacio Chigi.

De hecho, en los últimos días han desembarcado miles de personas en las costas italianas: más de 3.000 en apenas tres días, mientras el buen tiempo provoca que más y más embarcaciones crucen de África a Italia en busca de mejores condiciones de vida.

No solo eso, sino que el Senado se encuentra debatiendo un proyecto de Ley de Migrantes para aumentar las penas a los traficantes y que, sobre todo, complica la labor de las ONG que rescatan personas en el mar.

Además, la errática gestión de Meloni de la tragedia en Calabria, donde murieron 91 personas, no ayuda: se negó a visitar a las familias asegurando que no tenía tiempo, pero se le vio la misma noche del Consejo de Ministros que celebró en la zona festejando en un karaoke.

Aumentar las deportaciones

Ahora, intenta con una medida extraordinaria, el estado de emergencia nacional, recuperar parte de la credibilidad perdida en esta materia al acelerar la expulsión de migrantes. Si bien no se conoce al detalle el texto aprobado, al que se han destinado cinco millones de euros, sí se sabe que se van a aumentar las estructuras habilitadas para la repatriación de migrantes que no tengan derecho a permanecer en Italia.

La apertura de nuevos CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio, en italiano) facilitará a las autoridades las actividades de identificación y deportación. Sobre este asunto ya se había pronunciado el vicepresidente del Ejecutivo, Matteo Salvini, quien explicó que veía necesario "al menos un centro de repatriación para cada región" y abogó por volver a aplicar una política más dura ante el fenómeno migratorio.

Salvini, quien actualmente ejerce también de ministro de Transportes, impulsó entre 2018 y 2019, entonces como responsable de Interior, una severa acción antimigratoria con algunas actuaciones que ahora se dirimen en los tribunales, como su negativa a conceder el desembarco en puertos a buques humanitarios.

Tras unas semanas especialmente intensas por la llegada de miles de migrantes al sur de Italia, donde hace menos de dos meses el naufragio de una barcaza dejó más de 90 muertos en la región de Calabria, Salvini aseguró que Italia es "absolutamente incapaz" de gestionar "mil llegadas diarias" y que "es crucial que Europa despierte e intervenga".

"Lleva años charlando, pero nunca ha movido un dedo, y es hora de demostrar que existe una comunidad, una Unión, y que la solidaridad no es sólo responsabilidad de Italia, España, Grecia o Malta. Porque mil llegadas al día somos absolutamente incapaces de apoyarlas económica, cultural y socialmente", dijo.

Con el estado de emergencia también será posible implementar procedimientos y acciones más rápidas para ofrecer a los migrantes soluciones de acogida en poco tiempo y con estándares adecuados, afirmaron desde el Gobierno, ya que colaborarán en la asistencia tanto Protección Civil como la Cruz Roja Italiana.

La medida, que "permite derogar algunas normas del ordenamiento vigente", "será nacional" porque "necesitamos ayudar a las regiones porque existe el riesgo de enviar el sistema al colapso si continúa este ritmo de llegadas", añadió, aunque insistió en la importancia de que Europa "se dé cuenta de que no hay mucho tiempo".

Desde el inicio de 2023, las llegadas a Italia han ascendido a 31.000 migrantes, casi cuatro veces más que las cerca de 8.000 que lo hicieron en el mismo periodo de 2022, según el recuento oficial. Solamente en los últimos tres días, más de 3.000 migrantes han llegado a Italia tras ser atendidos por los guardacostas, que han socorrido este fin de semana decenas embarcaciones en peligro en el Mediterráneo Central.

El buen tiempo ha animado a un mayor número de barcos, la mayoría procedentes de Túnez, a emprender la ruta que conecta el norte de África con las costas de Sicilia y Lampedusa, cuyos centros de acogida están desbordados.

Este lunes, en dos complejas y largas operaciones, la Guardia Costera también interceptó dos barcos en los que viajaban en condiciones precarias 800 y 400 personas, localizados en aguas próximas a Sicilia y Calabria (sur), cuyo rescate aún no ha finalizado ya que se han quedado sin carburante y un gran número de pasajeros precisa asistencia médica.