Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado este martes un acuerdo político para exigir una mayor transparencia a las multinacionales, a las que obligarán a publicar sus beneficios y cuántos impuestos pagan en cada país del bloque y en aquellas jurisdicciones que forman parte de la lista europea de paraísos fiscales.

La medida, que afectará a todas aquellas empresas europeas o filiales de compañías extranjeras que tengan un volumen de negocios neto consolidado de al menos 750 millones de euros al año, exigirá a las multinacionales hacer públicos datos como el número de empleados, sus ingresos, sus beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos pagados y los beneficios netos.

Toda esta información tendrá que ser individual para cada país de la Unión Europea y también cuando la empresa tenga actividad en una jurisdicción incluida en las listas 'negra' y 'gris' de paraísos fiscales de la UE. Para el resto del mundo, los grupos empresariales podrán presentar la información de forma agregada. El alcance geográfico de la medida ha sido precisamente el punto que ha dividido a los negociadores de la Eurocámara y de los Estados miembros, representados por el gobierno de Portugal como presidencia de turno de la UE.

"Aunque lamentamos firmemente que el Consejo (los países) rechazaron una publicación país por país a escala mundial de forma desagregada, el acuerdo alcanzado es un paso importante para una mayor transparencia fiscal e incluya una serie de mejoras", ha destacado en un comunicado el eurodiputado del PSOE Ibán García, uno de los dos negociadores de la Eurocámara.

El acuerdo, en todo caso, incluye una cláusula de revisión según la cual se podrá modificar dentro de cuatro años tanto el umbral de ingresos (los 750 millones de euros en ingresos) como el ámbito geográfico en el que se aplican la exigencias de transparencia. El Parlamento Europeo confía en que sirva para endurecer las disposiciones pactadas este martes.

El origen de la propuesta legislativa se remonta a abril de 2016 y se enmarca dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea entonces presidida por Jean-Claude Juncker para responder a escándalos como el de los Papeles de Panamá o los acuerdos fiscales que países como Luxemburgo o Países Bajos pactaban con grandes firmas. La iniciativa, sin embargo, había sido bloqueada por los Estados miembros hasta febrero de este año, cuando se reunió entre las capitales la mayoría necesaria para poder comenzar las negociaciones con los eurodiputados.

Votaron en contra Irlanda, Suecia, Chipre, Hungría, Malta y República Checa, pero no impidieron que la propuesta avanzase. De fondo existe un debate sobre la naturaleza legal de la iniciativa legislativa: los países europeos que más se han opuesto a ella defienden que, al tratarse de una propuesta fiscal, debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales.

Esto otorgaría el derecho de veto a los gobiernos que se oponen a los cambios, pero la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el resto de países insisten en que, al no modificar las reglas fiscales europeas y solo aborda la transparencia de las multinacionales, puede ser aprobada por mayoría cualificada.