"Hemos decidido que se libere de peaje", ha anunciado el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista en el diario 'El País', según el cual esta decisión afecta directamente a tres autopistas (AP-1 entre Burgos y Armiñón, AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) cuyas concesiones vencen en 2018 y 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.
Además, según el rotativo, crea un precedente para las autopistas que vencen en 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto).
Sobre las autopistas quebradas, ha destacado que la información que le han trasladado "no es muy coincidente en términos de los ingresos que podría reportar esa relicitación, ni tampoco en los costes que tiene que asumir el Estado tanto por RPA (responsabilidad patrimonial del Estado) como por las expropiaciones o por algún otro coste pendiente de asumir".
De acuerdo con el ministro, las cifras que le han trasladado varios responsables de ese departamento es que los ingresos previstos por la licitación son 700 millones y la RPA entre 2.000 y 2.600, frente a los 1.000 millones que esperaba obtener el Ejecutivo anterior y los 1.800 que preveía abonar.
"Tenemos que saber exactamente de cuánto estamos hablando y de la afectación al propio déficit del Estado", ha recalcado Ábalos, que ha destacado además de que le han advertido de que "las concesionarias que tenían esas autopistas van a provocar conflictos judiciales".
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