La nueva medida del Gobierno para combatir el fraude fiscal se basará en no permitir que los pagos en efectivo superen los 1.000 euros. Hasta ahora, la prohibición se aplicaba a pagos superiores a 2.500 euros y los menos optimistas creen que de poco servirá, consideran que quien juega con dinero negro es porque sabe hacerlo.
Como ha dado a entender Montoro, entre las nuevas medidas no habrá ningún recorte propiamente dicho. "No es que me comprometa como ministro a no hacer más recortes, es que no estamos ya en eso", aseguraba.
Pero sí se confirman subidas de impuestos, se encarecerá el tabaco, cuya recaudación hasta septiembre ha sido de casi 5.000 millones, y también subirán los alcoholes destilados, algo que lamentan en el sector y avisan de las posibles consecuencias negativas.
"Si lo que se decide es volver a cometer al error de subir tipos que aplican al consumo, estaríamos ante una pérdida de empleos que podría rondar los 36.000", asegura Bosco Torremocha, director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas.
En cuanto a las bebidas azucaradas, nacerá un nuevo gravamen sobre su consumo con el que se pretende recaudar 200 millones de euros, siguiendo así el ejemplo de Cataluña, donde se había anunciado un impuesto de hasta 12 céntimos por cada 100 mililitros.
Pero la diferencia es que, según los empresarios afectados, a nivel nacional no ha habido diálogo. "Sin diálogo con el sector, se intenta impulsar una medida claramente recaudatoria que va a ir directamente a la línea de flotación de la recuperación del consumo", argumenta Josep Puxeu, director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes.
Además, se confirma una medida que afecta a las grandes empresas: se eliminarán las deducciones fiscales, lo que les supondrá pagar entre 4.500 y 5.000 millones de euros más.