Desde este viernes 1 de enero todas las personas que se quieran jubilar con la pensión completa tendrán que hacerlo a los 66 años. Eso, en el supuesto de que no hayan cotizado durante 37 años y tres meses, cuando el límite seguirán siendo los 65 años.
Apenas quedan seis años para que la edad de jubilación se sitúe en los 67 para todos aquellos que no hayan contribuido a la Seguridad Social durante más de 38 años y seis meses. Es decir, para todos aquellos que no hayan trabajado ininterrumpidamente -más o menos- desde que cumplieron los 27 años de edad. El horizonte de 2027 queda cada vez más cercano, pero no parece ser suficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones español.
El gasto en pensiones ha subido en el último pago un 2,3% con respecto a diciembre de 2019, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social. La cuantía con cada paga roza los 10.000 millones de euros. En concreto, 9.985,3 millones se abonaron en pensiones contributivas y no contributivas.
Sube el período de cálculo
Desde el 1 de enero también se incrementan los años que cuentan a la hora de calcular la cuantía de la pensión. Si en 2020 se utilizaban los 23 últimos, en este que entra serán los 24 ejercicios finales de la vida laboral.
Por otro lado, el Gobierno ha prorrogado la conocida como cláusula de salvaguarda de la reforma de las pensiones de 2011, que garantizaba las condiciones de jubilación previas (más ventajosas) para las personas despedidas antes de la entrada en vigor de esa reforma el 1 de abril de 2013 y que no trabajaron más.
Gobierno y agentes sociales pactaron esta garantía en la reforma de 2011 para que quienes no volvían a encontrar trabajo llegasen a la jubilación sin ver disminuida su expectativa de pensión, dado que ya no tenían posibilidad alguna de reacción.
El Gobierno del PP limitó la vigencia de esa cláusula a 2018 y el posterior Gobierno del PSOE la prorrogó para 2019 y 2020.
Debate sobre la sostenibilidad
Estos cambios en pensiones llegan en medio del debate que el actual ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha abierto acerca de posibles cambios en el sistema de pensiones. El titular de Seguridad Social estudia ampliar el periodo de cómputo de las pensiones: de los 25 a los 35 años.
Ampliar los años con los que se calculará la pensión implica, de facto, un recorte en las cuantías de las futuras pensiones, ya que se incluyen años de la carrera profesional con menores retribuciones.
Además, entre otras cosas, el ministro también propone desincentivar las jubilaciones anticipadas para acercar la edad legal de jubilación con la edad real, a través de descuentos sobre la cuantía de la pensión final y no sobre las bases. Y también contempla incentivar alargar las vidas laborales para que la población continúe activa más allá de su límite de retiro.