Los dos casos más polémicos del momento en el deporte español han confluido: el devenir de los acontecimientos en el 'caso Rubiales' ha servido como 'escudo' de Josep María Bartomeu para recurrir la acusación por cohecho al FC Barcelona en el marco del 'caso Negreira'. Sí, tal como lo lee.
El expresidente del FC Barcelona ha presentado un recurso contra el auto del magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que imputó al conjunto azulgrana, así como al propio Bartomeu, a Sandro Rosell, a Enríquez Negreira y a Javier Enríquez, por cohecho.
Su abogado, José María Fuster-Fabra, alega que ni el Gobierno ni el Consejo Superior de Deportes pudieron destituir a Luis Rubiales al considerar a la Real Federación Española de Fútbol como una entidad privada, y "tuvo que ser la UEFA y la FIFA quienes provocasen ese cese".
Esto choca contra el auto del juez, que considera que el Comité Técnico de Árbitros (CTA), al depender de la RFEF, tiene función pública, por lo que Enríquez Negreira puede considerarse como un funcionario más.
La justificación de Bartomeu
El recurso de Bartomeu reza que la Federación es "una entidad privada que no forma parte del sector público pues no forma parte de aplicación de las leyes administrativas", por lo que "el delito de cohecho debe aplicarse cuando la administración pública (funcionario o autoridad pública) no respeta la legislación ni los principios generales del derecho".
Y es aquí cuando se escuda en Rubiales: "Si el señor Enríquez era un funcionario público, aunque no percibiese remuneración en su cargo, con más motivo lo habría sido el presidente de la RFEF, el señor Rubiales. Pues bien cabe recordar los sucesos recientes, tristemente famosos, ni la administración, ni el Consejo Superior de Deportes, ni el Ministerio de Deportes, pudo cesarlo, tuvo que ser la UEFA y la FIFA quienes provocasen ese cese".
Un auto para "salvar la supervivencia de la causa"
El letrado de Josep María Bartomeu recalca que, según sus estatutos, tanto la RFEF como el CTA se definen como "entidades de naturaleza jurídica privada".
Incide en que el Gobierno "no ejerce control económico sobre la RFEF" y que Negreira "no tenía contrato laboral ni recibía sueldo alguno por parte de la Federación".
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Con el objetivo de "salvar la supervivencia de la causa", según el recurso, se ha considerado a la Federación como una entidad pública a pesar de tener "su tribunal deportivo" propio, "una muestra más de que se consideran independientes de los gobiernos de la administración y de sus leyes".