Hito histórico en California en relación con los motores de combustión, aunque en Europa no tendrá repercusión

El título podría ser el siguiente: El Senado ha respondido a su presidente. Pero vayamos por partes. Lo que ha pasado en el Senado de los Estados Unidos es tan histórico como polémico. Más de cinco décadas de lo que podríamos considerar una independencia ambiental del estado californiano se han echado por tierra. Bajo la Ley de Aire Limpio, desde 1970 se le han otorgado a California más de 100 exenciones estatales. La más importante para el futuro, que data de hace cinco años, tiene, de momento, un punto y aparte.

En 2020, el Estado Dorado daba a conocer su plan para que, tal como ocurrirá en Europa, se alcance una electrificación total en 2035, aunque con requisitos propios fundamentados en la no extinción de la gasolina: dentro de 10 años, el 80 por ciento de los vehículos debían ser totalmente eléctricos y el 20 restante, como máximo, podía componerse de modelos híbridos enchufables. Había legitimidad en esta exigencia: durante la presidencia de Joe Biden, la Agencia de Protección Ambiental nacional (la conocida EPA) se encargó de entregarle la exención, que, por otro lado, contaba con la afiliación de 11 estados, el tercero del total del mercado automotriz del país. Pero...

Los senadores del bloque republicano fueron, como era de esperarse, mayoría en la votación y, con un controversial 51 a 44, aprobaron la derogación de la exención y prohibición del plan californiano. Controversial porque en Estados Unidos rige actualmente la Ley de Revisión del Congreso, de ¿tintes inconstitucionales? En Estados Unidos así lo piensan algunos y razones no faltan. Esta ley llama a revisar y revocar regulaciones sin la necesidad de alcanzar los 60 votos mínimos requeridos por el Congreso, sino por simple mayoría. ¿Cosa juzgada? Así parece, porque ahora resta la derogación de esta medida de parte de Donald Trump. ¿Cosa anunciada? Sin ninguna duda.

Un desenlace anunciado y la confrontación de estas horas

Lo ocurrido el pasado jueves 22 de mayo no fue más que el desenlace de lo inevitable, porque, desde el momento en que en febrero de este año la EPA, ahora bajo la administración Trump, envió al Congreso esta exención "2035" que había aprobado la administración Biden, no cabía en las posibilidades otro escenario más que el que se terminó dando. Desde que asumió, Trump ha dejado claras sus políticas sobre emisiones y movilidad ambiental y, entre aquel febrero y la reciente votación en el Senado, vale recordar que en abril ordenó a la fiscal general de los Estados Unidos investigar las leyes estatales que pudiesen ir en contra de la Ley Federal.

La confrontación entre declaraciones no tardó en llegar. John Bozzella, CEO de la Alianza para la Innovación Automotriz, quien un mes atrás se pronunció en contra de los aranceles del gobierno a las autopartes y sus consecuencias, esta vez se posicionó a favor de la votación y la anulación del plan californiano. El ejecutivo de esta alianza que engloba a fabricantes como Toyota, Stellantis, Volkswagen, Hyundai y General Motors, sostuvo que "estos mandatos de venta de vehículos eléctricos nunca fueron alcanzables". El propio gigante de Detroit respondió por la misma senda al adelantar que "adaptará los estándares de emisiones a la realidad actual del mercado".

Una de las voces opositoras más representativas fue la de Gavin Newsom, el gobernador de California, quien hizo referencia a la Ley de Revisión y la simple mayoría, al considerar "ilegal" la votación llevada a cabo en el Senado. Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ya había advertido con antelación sobre la inconstitucionalidad: en marzo había resaltado la incompetencia de la Ley de Revisión sobre la derogación de exenciones. Emancipación ambiental estatal o normativa federal sin excepciones, de eso va este tema al que le quedan capítulos por delante.

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