Cataluña vuelve a ser escenario protagonista de la política en clave nacional. El pasado 13 de marzo se tumbaban los presupuestos del Govern, hecho que ha provocado un auténtico terremoto político en tan solo una semana: se han convocado elecciones anticipadas el 12 de mayo, Sánchez ha renunciado a los Presupuestos de 2024, poniendo la vista en aprobar los de 2025, el Congreso ha aprobado la ley de amnistía y el expresident Carles Puigdemont podría confirmar su candidatura este jueves para volver a presidir la Generalitat, siete años después de que emprendiera su periplo por Europa para esquivar la acción judicial derivada de la causa del 'procés'.

En una conferencia desde Elna (Francia) programada para las 19:00 horas, Puigdemont prevé aclarar si participará en la carrera para presidir el Govern o si decide concurrir a los comicios europeos del 9 de junio para tratar de revalidar su condición de eurodiputado. El lugar elegido por el dirigente de Junts no es casual: territorio del sur de Francia con lazos históricos y lingüísticos con Cataluña, Elna fue tierra de acogida de exiliados catalanes tras la Guerra Civil y es, además, un emplazamiento simbólico para el independentismo, ya que esa zona fue clave para almacenar urnas para el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Así, todos los partidos que competirán por liderar Cataluña en los próximos cuatro años tienen la mirada y los oídos fijos en lo que comunique el expresident catalán. Su declaración es clave para el devenir político no solo de Cataluña; también, de España, donde el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez mantiene un constante tira y afloja con las formaciones independentistas con representación parlamentaria, Junts y ERC, en aras de sostener una legislatura que se presentó difícil desde sus primeros pasos. Pero para que Puigdemont pueda ser candidato, es necesario que antes sea amnistiado.

El Constitucional podría entrar de lleno en la aprobación final de la ley de amnistía si se solicita una suspensión cautelar del procedimiento legislativo

Una amnistía que, no obstante, podría llegar relativamente pronto. Tan solo un día después de que el actual president catalán anunciase la convocatoria de elecciones anticipadas, el Congreso aprobó la tan discutida norma en una votación que marcaba un antes y un después en la política española. La ley contó con el respaldo de los mismos partidos que propiciaron la investidura de Sánchez: PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Unidas Podemos y Ábalos (178 votos en total). En contra se posicionaron PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, que suman en conjunto 172 'noes'.

Con esa mayoría parlamentaria a favor, el PP no cesa en su afán por impedir la tramitación de la ley, por lo que el proceso que sigue podría darse de esta manera: el Senado, con mayoría popular, celebrará un pleno en el que se requerirá al Congreso la retirada de la ley de amnistía de manera formal. Una vez hecho el requerimiento, el Congreso tendrá 30 días para contestar. En caso de no firmar la petición o no responder, se abriría la segunda fase, en la que entraría de lleno el Constitucional. Los letrados del Senado ya recordaron que cabe la posibilidad de solicitar una suspensión cautelar del procedimiento legislativo si hay un "perjuicio irreversible que la espera de la resolución pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta".

Unas elecciones históricas

Si finalmente el alto tribunal no responde, la ley de amnistía mantendrá su tramitación, aprobándose, como tarde, el 16 de mayo. Esto quiere decir que Puigdemont podría disfrutar de su condición de amnistiado en unos dos meses. Unos tiempos que nadie obvia, y que han dado el pistoletazo de salida a una precampaña electoral que está siendo de lo más intensa desde el primer momento. Todos los partidos ya se mueven en clave electoral: desde ERC intentan restar importancia a la posible candidatura de Puigdemont, aunque reconocen la dificultad de superar en las urnas al expresident, convertido en todo un símbolo para el independentismo.

Así, en Esquerra buscan marcar y liderar los temas clave de la agenda política de los próximos dos meses, así como redefinir su posición. Su líder, el también president catalán, Pere Aragonès, ya dejó clara una de sus proclamas de cara a esta nueva cita electoral: que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y después transfiera un cupo al Estado; esto es, una soberanía fiscal "plena" donde la Generalitat catalana recaudaría y gestionaría "todos los impuestos" que se generan en esta comunidad, de forma similar a lo que hacen País Vasco y Navarra, que abonan luego un cupo al Estado.

En una entrevista concedida a Al Rojo Vivo este miércoles, Aragonès se mostraba convencido de que podría lograr la financiación singular para Cataluña atendiendo a la posición actual de su partido respecto a la del Ejecutivo de Sánchez, que necesita de los votos de ERC para seguir negociando. "Toda victoria de Cataluña empieza por un 'no' del Gobierno de España. También decían que 'no' a la amnistía y ahora tenemos amnistía", expuso ante Antonio García Ferreras. En Junts per Catalunya, rival casi directo de Aragonès, mantienen por el momento la discreción sobre sus próximos pasos, si bien ellos mismos han sido quienes han ido alimentando la posible candidatura de Puigdemont.

El PSC fue primera fuerza política hace tres años, el 28M pasado y el 23J también. Ahora toca hacerlo desde el Govern de la Generalitat con Salvador Illa como president"

Pedro Sánchez (presidente del Gobierno)

Sin embargo, al igual que ha hecho ERC, ya han entrado de lleno en la campaña electoral. Y lo han hecho coincidiendo, de primeras, con la izquierda independentista en uno de sus principales objetivos: rebajar las expectativas que existen ahora mismo sobre Salvador Illa. A tenor de las menciones directas y constantes que se están produciendo sobre el exministro de Sanidad últimamente, ambas formaciones independentistas parecen tener muy en cuenta los resultados electorales que arrojó Cataluña el pasado 23J, con los que PSC-PSOE, con Illa a la cabeza, se posicionó como primera fuerza política en la región, muy por encima de las sumas de votos que lograron ERC y Junts.

Illa ha irrumpido en el panorama electoral catalán como uno de los principales rivales a batir. Y en el PSOE son conscientes de ello. Tanto que el socialismo ya ha puesto en marcha también su maquinaria para preservar e incluso intentar impulsar el fervor que causa ahora mismo su candidato en Cataluña. Así lo ha dejado ver Pedro Sánchez en varias de sus intervenciones: "Las cosas no caen del cielo. El PSC fue primera fuerza política hace tres años, el 28M pasado y el 23J también. Ahora toca hacerlo desde el Govern de la Generalitat con Salvador Illa como president. Ahora lo que toca es Salvador".

El presidente del Gobierno ha asegurado además recientemente que "hoy Cataluña está mucho mejor que en el año 2017 gracias a un Gobierno socialista en España". Y ha precisado: "Estoy convencido de que estará aún mejor en el 2028 con un Gobierno socialista en España y otro en Cataluña con Illa al frente". El escenario político queda así dividido: el Ejecutivo central, Junts y ERC intentan alcanzar acuerdos trascendentales en clave nacional, conformando parte del llamado bloque de la investidura, mientras en clave autonómica ha comenzado ya la pugna por el Govern que promete dejar debates, críticas y acusaciones de lo más intensas.

Una derecha sin las cosas claras

¿Y qué hace la derecha para sumarse en igualdad de condiciones a esta lucha? Si bien desde Vox parecen haber optado por una línea continuista, basada en la dialéctica violenta y afirmaciones como poco polémicas, en el PP intentan dar con una fórmula que le permita tener opciones de gobierno. Y es a partir de este planteamiento cuando entra en juego Ciudadanos. El partido otrora liderado por Albert Rivera y que arrasó en Cataluña con Inés Arrimadas a los mandos puede ha emergido de las sombras en aras del entendimiento con los populares. El objetivo: poner en marcha una alternativa en Cataluña alejada de los independentistas y el socialismo.

El 'cómo' está aún por definirse: los populares parecen haber asumido que no pueden concurrir solos si quieren tener alguna posibilidad de gobernar la comunidad, y saben que un pacto con Vox podría condenarles políticamente en Cataluña -más atendiendo a la escasa popularidad de la extrema derecha en el territorio. Por su parte, Ciudadanos no se resigna a su desaparición, por ello ha apostado por negociar con el PP un acuerdo que incorpore los restos del partido naranja a las candidaturas que se configuren para las elecciones catalanas y europeas. Ahora mismo, la negociación está abierta.

El PP quiere que Ciudadanos se integre bajo sus siglas, mientras que Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario de Cs en el Parlament, ha advertido de que el partido se presentará y que lo que busca pactar con el PP es una coalición. Sobre la mesa han puesto la misma oferta que pusieron para las catalanas de 2021 y que Génova rechazó entonces cuando todo apuntaba a que Cs estaba en caída libre. En la dirección nacional del PP ven con buenos ojos algunos nombres naranjas, como el de los eurodiputados Adrián Vázquez, actual líder de Cs, y Maite Pagazaurtundua, aparte de algunos asesores en la Eurocámara, pero sobre todo le interesa el legado naranja, en el caso de Cataluña.

Un legado que está prácticamente arrasado, ya que solo retienen seis diputados de los 36 a los que llegaron con Inés Arrimadas -fue la lista más votada- en las elecciones de 2017, que se celebraron bajo el 155 y en plena ebullición por los efectos de la declaración unilateral de independencia. A nivel municipal tampoco les ha ido mejor porque apenas han conseguido retener 400 concejales en esta comunidad. En el conjunto nacional no les queda nada más que los seis diputados catalanes y los siete en la Eurocámara. Todo indica que no lograrían sobrevivir en los comicios europeos del 9 de junio por sus propios medios y únicamente podrían salvar algún nombre que rescatara el PP si fructifica el acuerdo.

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