La prioridad nacional ha sido incluida en un documento político de PP y Vox para el acuerdo de gobierno en Extremadura. El concepto ya ha comenzado a circular por los debates públicos como horizonte de posibilidad real en el caso de que la extrema derecha llegue a gobernar, la ventana de Overton comienza a moverse y lo que ahora nos parece imposible veremos si en diez años es una realidad jurídica. La barbaridad es de tal dimensión que la única defensa posible del PP y sus corifeos es que no va a llevarse a cabo porque es ilegal e inconstitucional.

La única manera de defenderse por aceptar esa medida es decir que firman acuerdos que no pueden realizarse por estar fuera del marco jurídico. Pero lo relevante es que está ahí, con la firma de PP y Vox, en un marco político de alcance autonómico con la importancia que eso tiene de manera performativa.

La prioridad nacional es el concepto que usa el autoritarismo para ordenar jurídicamente la desigualdad, ya sea por cuestión de raza, origen o religión. Ese concepto es el que está detrás de las leyes de ciudadanía del Reich, las conocidas como leyes de Nuremberg, que despojaban de los derechos de ciudadanía a los judíos, de los Estatutos de sangre españoles de la Edad Media o de las leyes raciales en Sudáfrica o EEUU. También, por mucho que lo nieguen, de las leyes sionistas que dan prioridad a los judíos frente a los israelíes de origen árabe.

La prioridad nacional con el condicionante del arraigo es una manera de expresar diferentes grados de ciudadanía y uno de los más terribles códigos de la historia de donde bebe la conceptualización que Vox ha obligado al PP ha incorporar al acuerdo es el L'Évolué en el Congo Belga, que era una categorización intermedia de acceso a derechos de ciudadanía entre los blancos y europeos y los negros indígenas para aquellos negros que adoptaran los valores, costumbres y el modo de vivir europeo.

Así, de esa manera, dejarían de estar sujetos al Code de l'Indigénat que servía para definir a las personas de segunda clase, y quedarían en un estrato superior, pero jamás sin llegar a los derechos de los ciudadanos blancos europeos. Esos son los referentes de PP y Vox.

No es difícil encontrar declaraciones, propuestas y acuerdos políticos del PP y de Vox que distinguen entre inmigrantes buenos o malos por su capacidad para asimilarse a las costumbres españolas.

De hecho, se han producido propuestas tanto de VOX como de Alberto Núñez Feijóo que han querido establecer exámenes de aptitud y capacidad para proponer un proyecto racista de asimilación cultural que la derecha española llama "adaptación cultural", pero que no es más que una visión supremacista que considera que la cultura europea y occidental es superior y, por lo tanto, hay que dar prioridad a los nacionales y a aquellos que tienen la capacidad de emular nuestros comportamientos, valores y maneras de actuar.

Esa exigencia de la derecha y la extrema derecha en la que se les pasa un examen es la misma que se exigía a los negros del Congo para subir de casta y recibía el nombre de "carte du mérite civique" en la que los funcionarios blancos hacían una investigación familiar en la que observaban que cumpliera con los valores y normas europeas, además de no participar en actos propios de su cultura de origen.

Al menos estos racistas españoles deberían tener como advertencia histórica el hecho de que el liberador del Congo, Patrice Lumumba, salió de esa estratificación social racista para expulsar a los colonos europeos de su país.

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