Los hechos son inquietantes. La certeza de que existe una operación por trasladar el sentimiento generalizado de salvapatrias en la judicatura a la acción política se está haciendo cruda en formas de autos, sentencias y recursos. El kraken togado se desató en octubre de 2017 contra el independentismo y ya ha adquirido vida propia al actuar sin necesidad de que nadie le dirija más allá del profundo sentimiento reaccionario mayoritario unido al sesgo de clase que les lleva a tratar a la antiespaña como un impostor del poder. Se ha desatado la Operación Lula intentando convertir a las víctimas en victimarios para ocultar la profunda brecha democrática que son las cloacas del estado y así poder transformar la causa Dina con el objetivo de derrocar a Pablo Iglesias del poder que por ideología está solo destinado a los de una clase superior.
Que la ideología está intoxicando la actuación de algunos fiscales y miembros del poder judicial en contra de este gobierno lo denunció en un medio de comunicación un fiscal que no puede considerarse progresista y que se autodenomina: "Monógamo, monárquico y madridista". Luis Navajas acusó a Consuelo Madrigal y Fidel Cadena de estar contaminados ideológicamente y dejar que su ideario político guíe su actuación jurídica al no ser capaces de eludir sus ideas a la hora de actuar en su proceder diario. El teniente fiscal del Tribunal Supremo acusó a dos de sus fiscales de ser esclavos de su ideología a la hora de actuar contra el gobierno. Son hechos.
La actuación del Juez Manuel García Castellón es sospechosa sin necesidad de acudir a extrañas teorías sobre su persona. Basta ceñirse a la información conocida. La manera en la que el juez ha despreciado la verdad, los informes, y la falta de pruebas para acusar de varios delitos a Pablo Iglesias queda en evidencia cuando se acude a los hechos. Hace tan solo dos semanas la sala de lo penal de la Audiencia Nacional devolvió la condición de perjudicado a Pablo Iglesias que el juez García Castellón le había quitado expresando en un duro auto contra el juez que se basaba en "meras hipótesis" que no desvirtuaban su condición de perjudicado además de advertir a García Castellón que "no había pruebas" que sostuvieran la intención del juez. Para ello, la sala de lo penal expresa que la solo posibilidad de que los pantallazos publicados por Okdiario llegaran a través del comisario Villarejo, al que se encontró la tarjeta de Dina Bousselham en su domicilio de Boadilla del Monte, es más que suficiente para tener en consideración la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Aún así, el juez Manuel García Castellón se salta la decisión de la sala de lo penal y sin tener en cuenta e informar a la Fiscalía Anticorrupción eleva la petición al Tribunal Supremo para que proceda contra Pablo Iglesias por varios delitos.
Son esos delitos y la argumentación dada por el juez en su escrito los que hacen que salten las alarmas sobre la intencionalidad que persigue la actuación judicial. El delito más grave que se vierte sobre Pablo Iglesias es el de denuncia falsa. La primera alarma sobre el proceder de García Catellón es procedimental, porque el artículo 456.2 del Código Penal exige que para proceder contra alguien por denuncia falsa es imprescindible que la causa sobre la que versa esa denuncia sea previamente archivada o sobreseida. No es posible proceder por denuncia falsa cuando el procedimiento judicial contra dos periodistas y Villarejo por revelación de secretos sigue abierto. Ignorar la aberración jurídica que supone esto es ponerse una venda para justificar una acción jurídica que solo se comprende desde lo político.
No es la única sombra de sospecha que se cierne sobre la acusación de denuncia falsa sobre el vicepresidente. El juez García Castellón asume que Pablo Iglesias sabía que la filtración a Okdiario no había llegado a través de Villarejo porque conocía que Dina Bousselham había mandado pantallazos a terceros y por eso denunciar que se trataba de una operación de las cloacas del Estado era falso. Una afirmación que el juez no prueba, ni aporta indicios en ningún momento, ya que el hecho de conocer que había pantallazos en manos de terceras personas no invalida el hecho de que la tarjeta estuviera en manos de Villarejo y pudiera ser él el filtrador. En ningún momento se expresa que Pablo Iglesias sepa quién fue la persona que envió la información a Eduardo Inda, el único hecho que probaría que Pablo Iglesias realizó una denuncia falsa es saber el origen del filtrador. Algo que el juez desconoce y sobre lo que no aporta evidencia alguna.
Los otros dos delitos de los que el juez García Castellón acusa a Pablo Iglesias son más complicados de comprender desde el punto de vista racional conociendo los hechos previos. García Castellón acusa a Pablo Iglesias de daños informáticos por haber estropeado la tarjeta de memoria de Dina Bousselham. Los dos informes periciales pedidos por el propio juez no aportaron prueba alguna que pudiera indicar que Pablo Iglesias tuvo algo que ver con los daños que presentaba la tarjeta. El informe policial expresaba que los daños de la tarjeta se debieron a un excesivo lijado por parte de la empresa de recuperación de Irlanda a la que se envió. La propia empresa en su informe al juez asevera que la tarjeta a ellos les llegó en perfecto estado. Es cierto que si la tarjeta fue enviada a la empresa de recuperación significa que no tenía la información accesible, pero ninguno de los informes apunta a Pablo Iglesias, por lo que la acusación del juez se basa únicamente en su interés por culpar al vicepresidente sin prueba alguna. Por otro lado el delito de revelación de secretos precisa de una denuncia previa del interesado, es un proceso previo indispensable que Dina Bousselham, la perjudicada, no ha presentado en momento alguno contra Pablo Iglesias ni es de prever que vaya a hacerlo. Los hechos son incontestables.
No es necesario ampliar por elevación a Carlos Lesmes y el proceso de renovación del poder judicial para mirar a la actuación del juez García Castellón justo el día en el que se presentaba el plan de recuperación e inversión de los fondos europeos y el futuro próximo de España. No todos los jueces sirven a su visión de España a través de su toga, pero bastan unos cuántos bien ubicados en puestos relevantes para que se dejen llevar por su visión salvadora de la patria para que la Operación Lula sea una concreta y precisa forma de devolver al poder al orden natural.
