La degradación del debate público hace tiempo que perdió pie, pero es descorazonador que esa degradación llegue por parte de quienes tienen que proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lo que estamos viendo en las sesiones del Tribunal Supremo sobre el papel del periodismo en las democracias liberales asusta al miedo. Las declaraciones de Alfonso Pérez Medina y José Precedo han sido lo poco decente que ha ocurrido en las jornadas del juicio al fiscal general del Estado, porque han sido de los pocos que están defendiendo los derechos de todos los ciudadanos españoles protegiendo a sus fuentes y declarando para que una persona inocente no sea condenada.
Carlos Ocaña García es fiscal en la Sección Territorial de Badalona (Fiscalía Provincial de Barcelona) y es el enlace a la Sección de Delitos de Odio y contra la discriminación. Con este currículum y responsabilidad, dijo en la red social X: "Piden a alguien seis años de cárcel, se supone que tú tienes la clave que demostraría su inocencia y prefieres guardar tu fuente aun a riesgo de que le metan en prisión? Más que dilema moral yo le llamo ser bastante ca…".
El fiscal lo dijo al respecto de la declaración de José Precedo, en la que afirmaba tener un dilema moral porque la protección obligada de su fuente hacía que no pudiera hacer más por evitar la condena de un inocente. Los periodistas tenemos que relacionarnos en multitud de ocasiones con fiscales y juicios que tienen una concepción del periodismo como la de Carlos Ocaña, que creen que la protección de las fuentes es un capricho periodístico, con el peligro constante que eso supone en multitud de juicios para nuestra integridad legal. Se sorprenderían con las tremendas gilipolleces que he escuchado de fiscales y jueces sobre el ejercicio del periodismo, bastante parecidas a las que Miguel Ángel Rodríguez dijo en la sede del Supremo sobre cómo se debe ejercer la profesión.
La protección de las fuentes es un derecho profesional que tenemos garantizado constitucionalmente, pero no porque los periodistas seamos especiales, sino porque somos depositarios de un derecho de la ciudadanía que es el derecho a la información. No es solo doctrina del Tribunal Supremo, es que es derecho europeo, que en el apartado 20 del reglamento de la Unión Europea 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo explica que la protección de las fuentes periodísticas es imprescindible para el sostenimiento de las democracias. La protección de las fuentes no es solo un derecho, tenemos una obligación profesional que el Tribunal Supremo está violentando presionando a los periodistas para que lo pongan en peligro.
El presidente del tribunal espetó a José Precedo que no les amenace al decir que sabe quién es la fuente y que no es el fiscal general del Estado. Es bastante aterrador que quienes deben dirimir quién tiene la responsabilidad de la filtraciónconsideren que aportarles información para conocer la verdad judicial y negar que el fiscal general es la fuente que les proporcionó el correo, incluso una semana antes de que el instructor probara que el fiscal general del Estado accedió a ese correo, es una amenaza. Lo cierto es que se lo tomó tan mal porque la afirmación de los periodistas les aporta datos que hacen más difícil condenar a quien ya tienen condenado previamente. Les deja en mal lugar y claro, no se lo tomó bien.
Me siento orgulloso de tener compañeros como Alfonso Pérez Medina y José Precedo, de haber trabajado con ellos, de haber aprendido a su lado y de poder departir con ellos de periodismo cada vez que puedo. Es un privilegio del que me siento agradecido, pero, sobre todo, me siento seguro al saber que van a proteger sus fuentes bajo cualquier circunstancia, porque eso no es proteger sus fuentes, eso es proteger mi derecho a la información y uno de los baluartes mismos de cualquier democracia. Porque si las fuentes ven que un periodista vende su fuente, muere el periodismo libre y con ello la posibilidad de fiscalizar a quienes desearían que los periodistas tengamos que traicionar la confianza de quien deposita en nosotros información confidencial, pruebas y declaraciones que ayudan a destapar casos de corrupción. El juicio en el Tribunal Supremo es una prueba evidente de que nuestro Estado de derecho es tremendamente deficitario. Pero lo importante es salvar a Ayuso y para eso vale cualquier artificio legal, incluso los que hacen chirriar los resortes democráticos.
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