Donde mejor se ven estas carencias es en la trastienda de los juzgados. Seguimos el tortuoso recorrido que debe seguir una demanda cualquiera en un juzgado cualquiera para descubrir dónde falla el sistema de justicia. El viaje comienza en la ventanilla de una oficina de registro. La funcionaria grapa y sella la documentación presentada. Ella se queda con la demanda, que se almacena en la bandeja de recibidos.
Lo siguiente es clasificar todas las denuncias por tipo de delito o tema. Aquí llega el primer gran problema de los juzgados: la Justicia española no está digitalizada. En las oficinas judiciales aún se trabaja en papel y las pilas de expedientes se acumulan en cualquier esquina.
Nuestra demanda continúa su camino. Se monta ahora en un carrito camino del departamento de mensajería. Hay que enviar todos los papeles a sus juzgados correspondientes y citar a las partes. Y, claro, toca hacerlo por correo postal o mensajería. Así que los funcionarios se sientan a ordenar los impresos de envío. Un laborioso puzzle de papeles y montoncitos que termina con la denuncia otra vez sobre ruedas, camino de correos.
Siguiente traba: los ordenadores. En los juzgados un simple correo electrónico es casi ciencia ficción. Los sistemas informáticos de las Comunidades Autónomas no son compatibles, así que normalmente no pueden intercambiar archivos entre ellas. Por lo general, tampoco pueden enviar documentación oficial por emails organismos nacionales como el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional.
Joaquín sufre a diario esta desconexión judicial. Es abogado en Granada y ha tenido que recorrer 422 kilómetros hasta Madrid sólo para recoger un expediente en el juzgado central. Aquí tiene suerte, porque sí digitalizan sus documentos, pero, atención, no dispone de un sistema informático para enviarlos.
El juzgado central incluso le envía una carta para avisarle de que lleve su propio lápiz de memoria si quiere llevarse el documento porque ellos no tienen. Mientras tanto, nuestra denuncia sigue su recorrido. Cuando la demanda llega por fin a su juzgado correspondiente, le toca al secretario de turno comprobar que no falta ninguno de los documentos necesarios. Papel a papel, va tachando casillas y grapando para que no se pierda nada. Así con cada una de las casi 9 millones de demandas que entran al año en los juzgados de España.
Por fin, si todo está correcto, nuestra demanda llega a su destino: la juez. Ella se la lee y decide. Si acepta la demanda habrá juicio. Parece el final del ciclo, pero sólo es el principio. Porque aquí llega el gran problema de la Justicia: el tiempo de espera. Entre la denuncia y el juicio puede pasar más de un año. Y la situación se agrava por culpa del aumento de demandas por despido. Además, la Justicia española tiene otras carencias importantes. Por faltar, faltan hasta jueces.
En España hay 11 magistrados por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de la media europea. Y el problema se agrava con los recortes del último año: las oposiciones para juez y fiscal se paralizaron en 2012 y aún no hay convocadas nuevas plazas. Además, cuando algún juez se pone enfermo o se va de vacaciones, ya no es sustituido. Su trabajo lo asume otro compañero.