El primer cambio de la ley de Educación es para algunos un ataque del centralismo contra el Estado de las autonomías. El Ministerio de Educación aumenta notablemente su control sobre los contenidos que estudian los alumnos. Algo que algunas regiones, como Cataluña y País Vasco consideran una intromisión. "No solo invaden nuestras competencias, sino que es una ley que pretende atajar unos problemas que no existen en el sistema educativo vasco", opinaba Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno vasco.
La enseñanza en castellano es la principal queja en Cataluña. Según el proyecto de ley, si un sólo alumno quiere estudiar en español en un centro público y no puede, el Estado le pagará la matrícula en un colegio privado. Luego le pasará la factura a la Generalitat. "Hay que garantizar al mismo tiempo que aquellos padres que deseen que la educación de sus hijos el castellano sea también lengua vehicular, tengan la posibilidad de hacerlo efectivo", pedía el ministro Wert.
Pero el tema más polémico de la ley, la palabra que ha despertado las pesadillas de abuelos, padres y alumnos llega en blanco y negro: la reválida. Los alumnos tendrán que pasar cuatro reválidas para demostrar sus conocimientos. La primera con sólo 8 años. La segunda a los 11, otra más a los 15 años, obligatoria para sacarse el graduado en ESO, y la última a los 17, para obtener el título de Bachillerato. "Estas evaluaciones externas las hay en todos los sistemas educativos que tienen buenos resultados y buenos rendimientos educativos en todos sus comparadores", asegura Monserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación. "Esto es como una persona que tiene una enfermedad y no quiere ir al médico para que no le confirmen esta enfermedad".
Otra presión para los estudiantes es el adelanto de itinerarios. La ley Wert anticipa en dos años el inicio de la separación entre quienes irán a Bachillerato y los que se quedarán en Formación Profesional. Los alumnos deberán empezar a elegir a los 14 años, en 3º de la ESO y esa separación será efectiva al año siguiente.
La pérdida de autonomía de los colegios también preocupa a padres, profesores y alumnos. Ellos forman el consejo escolar, que pierde fuerza en la toma de decisiones. El que gana poder ahora es el director. A partir de ahora, la administración nombrará al director de cada colegio, y éste controlará a qué profesores contratan o despiden.