El Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz instauró una reforma en el sistema de pensiones en enero de 2022 en la que se incluían entre otras medidas penalizaciones e incentivos respecto a la edad de jubilación. Dichos cambios han provocado que el número de trabajadores que retrasen este momento se haya duplicado.

En concreto y según las cifras que ofrece el departamento del ramo, la proporción de trabajadores que demoran su jubilación ha pasado de ser un 4,8% en 2019, ha un 10,5% en 2023. No es de extrañar si se observa el siguiente supuesto. En el caso de que una persona se jubile dos años después de la edad legal de jubilación actual con 35 años cotizados la pensión pasaría de los 1.500 euros a unos 1.620. Si se realizase en un pago la cantidad ascendería a 15.400 euros.

En todo caso, estas cifras pertenecen a cálculos realizados de forma estándar que, no obstante, deberán ajustarse en el caso de cada individuo y su vida laboral. Cabe destacar además que la jubilación a partir de los 65 años -edad legal- es una opción voluntaria, por lo que no implica ninguna obligatoriedad. No obstante, que la edad real de jubilación aumente es "bueno para el sistema", ha asegurado el periodista económico José María Camarero.

En este aspecto, Camarero ha destacado que estos retrasos no se refieren a profesiones como la construcción o la minería que implican gran desgaste físico, sino que más hacia arquitectos o médicos.

Sea como sea, lo que está claro es que la penalización contemplada en la reforma de marzo de 2023 ha derivado en que cada vez se jubile menos gente de forma anticipada, pero también que aunque el sistema de pensiones goce de mejor salud, sean necesarios más cambios para que así se mantenga.

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