La figura del rey emérito Juan Carlos I vuelve a ser cuestionada después de la última información publicada por 'The Telegraph', que asegura que un empresario catalán habría financiado parte de la luna de miel secreta que celebraron Felipe VI y Letizia, actuales reyes de España, tras casarse en el año 2004.
En Liarla Pardo analizamos esta información, además del presunto ingreso de 100 millones de euros por parte del rey saudí al monarca en 2008 y del de 65 millones de euros de Juan Carlos I a Corinna en 2012. Cristina Pardo aporta su punto de vista al respecto.
“Que una persona sea inviolable no es incompatible con que pueda dar explicaciones en un determinado momento, igual que hacemos todos. Un día alguien ve algo raro en tu empresa y te tienes que explicar. No es incompatible que no se pueda perseguir un delito con dar una explicación a los ciudadanos”, asegura Pardo.
Manuel Rico (InfoLibre) recuerda el discurso navideño del monarca en el que aseguraba que todos los españoles somos iguales ante la ley. Defiende que se deben hacer avances en transparencia, publicando los patrimonios en la página web de la Casa Real para que todos los ciudadanos los tengan “a un click”.
La última polémica del rey Juan Carlos
Josep Cusí, empresario catalán cercano a Juan Carlos I, habría pagado más de la mitad de lo que costó la luna de miel de Felipe VI y Letizia Ortiz, un largo viaje con parada en Camboya, las islas Fiyi, Samoa, California y México.
En concreto, el diario británico, que habla de una "luna de miel secreta de medio millón de dólares del Rey de España pagada por un padre deshonrado", apunta en su información que una compañía del empresario, Navilot SL, pagó 269.000 dólares de los más de 467.500 que costó el viaje de luna de miel de Felipe y Letizia.
El pasado mes de marzo, Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre después de los escándalos relacionados con fraude fiscal y blanqueo de capitales que se vinculan al rey emérito, caso que está siendo investigado. En un comunicado, la Casa Real también informaba de que el actual rey renunciaba "a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona".