Un empresario catalán cercano al rey emérito, Juan Carlos I, habría financiado parte de la luna de miel secreta que celebraron Felipe VI y Letizia, actuales reyes de España, tras casarse en el año 2004. Se trata de Josep Cusí, un hombre que habría pagado más de la mitad de lo que costó un largo con parada en Camboya, las islas Fiyi, Samoa, California y México.
Así lo afirma una noticia publicada por 'The Telegraph', que sugiere que Cusí participó en estos hechos actuando como testaferro de Juan Carlos I. En concreto, el diario británico, que habla de una "luna de miel secreta de medio millón de dólares del Rey de España pagada por un padre deshonrado", apunta en su información que una compañía del empresario, Navilot SL, pagó 269.000 dólares de los más de 467.500 que costó el viaje de luna de miel de Felipe y Letizia.
El diario afirma que intentaron ponerse en contacto con Cusí, pero fue su abogado el que explicó al medio que Navilot SL era la compañía propietaria de "varios yates de la serie 'Bribón' en la que compitieron SM el Rey y Josep Cusí", y que no tenía conocimiento de ningún otro uso de las cuentas de la compañía.
‘The Telegraph’ continúa señalando que el empresario amigo de Juan Carlos se convirtió en noviembre de 1989 en propietario y principal accionista de Navilot, empresa creada poco antes por Javier Villalba, un abogado “que ha formado parte del consejo de más de 100 compañías, incluidas firmas vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola”.
"Cusí ha mantenido un perfil bajo", prosigue el diario, que precisa además que "una de las pocas veces" que el nombre de Cusí apareció a la prensa fue cuando "supuestamente pegó a un periodista español en un club náutico de Italia en 1984 porque había informado de que el yate Bribón IV había sido vendido por 275,000 dólares".
El pasado mes de marzo, Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre después de los escándalos relacionados con fraude fiscal y blanqueo de capitales que se vinculan al rey emérito, caso que está siendo investigado. En un comunicado, la Casa Real también informaba de que el actual rey renunciaba "a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona".