informe de la udef
Joaquim Bosch, sobre la filtración de datos de Zapatero: "Nadie filtra algo si no es porque le conviene"
El magistrado analiza la estrategia del abogado de Zapatero de pedir la nulidad de la causa, cuestiona algunas diligencias concretas y advierte del impacto de las filtraciones judiciales, reclamando además una reforma legal para regularlas.

El magistrado Joaquín Bosch ha valorado la estrategia del abogado de José Luis Rodríguez Zapatero de solicitar la nulidad de toda la causa, en el marco de la investigación judicial en curso. A su juicio, se trata de una maniobra "comprensible desde el punto de vista de la defensa", aunque con escasas posibilidades de prosperar en su totalidad.
Bosch ha explicado que, aunque algunas diligencias podrían ser cuestionables, no todas las actuaciones del procedimiento son susceptibles de nulidad. "Hay actuaciones realizadas por órganos competentes y por jueces plenamente habilitados, lo que dificulta una nulidad global", ha señalado. En su análisis, apunta a que existen dos bloques diferenciados dentro de las diligencias: algunas actuaciones en España que podrían ser discutibles desde el punto de vista de la habilitación judicial, y otras sobre las que sí cabría un examen más profundo.
En este sentido, ha puesto el foco en el conocido volcado del teléfono de Rodolfo Reyes en Estados Unidos, una actuación sobre la que, según ha indicado, existen dudas razonables sobre su encaje en las garantías del Estado de Derecho. "Habrá que analizar si existió autorización judicial suficiente, cómo se realizó la extracción forense y si la cadena de custodia es sólida y verificable", ha apuntado.
El magistrado ha insistido en que solicitar la nulidad de una causa no implica asumir culpabilidad, sino ejercer el derecho de defensa dentro del marco legal. "En un Estado de Derecho solo se puede condenar a alguien con pruebas lícitas y válidas, obtenidas con todas las garantías", ha subrayado. En ese sentido, ha advertido contra la interpretación simplista de este tipo de estrategias procesales.
Respecto a la difusión de información durante la instrucción, Bosch ha denunciado la creciente gravedad de las filtraciones en España, agravada por el impacto de las redes sociales y la sobreexposición mediática. Ha recordado que la ley prohíbe la difusión de diligencias en fase de instrucción y que el acceso está restringido a las partes del procedimiento.
"Lo que se filtra de forma fragmentada puede generar una visión distorsionada y afectar derechos fundamentales como la presunción de inocencia", ha señalado. Asimismo, ha recordado que solo pueden acceder a esa información la policía judicial, la Fiscalía, los jueces, el personal del juzgado y las partes personadas.
Bosch ha añadido que, en la práctica, las filtraciones suelen responder a intereses concretos. "Nadie filtra algo si no es porque le conviene", ha afirmado, apuntando tanto a acusaciones como a defensas, así como a posibles responsables institucionales.
Por ello, ha defendido la necesidad de una reforma legal que refuerce los mecanismos de control, incluyendo sistemas tecnológicos que permitan rastrear el origen de las filtraciones y una mayor regulación del acceso a los materiales de la instrucción. En su opinión, no es necesario que las partes dispongan siempre de audios o grabaciones completas, siendo suficientes las transcripciones en la mayoría de los casos. "Esto no puede quedar al arbitrio de cada juez, debe estar claramente regulado por ley", ha concluido.