Por vender un negocio a través de un paraíso fiscal
La Fiscalía de Chile investigará a Sebastián Piñera tras aparecer en los Pandora Papers
La Fiscalía investigará la venta de un proyecto minero por parte del presidente chileno a través de un paraíso fiscal. Unas pesquisas que se suman a la acusación constitucional que prepara la oposición contra él en el Parlamento.
Siguen produciéndose reacciones a los Pandora Papers en todo el mundo: en Chile, la Fiscalía ha anunciado la apertura de oficio de una investigación al presidente del país, Sebastián Piñera, por la venta de sus acciones en un proyecto minero a través de las Islas Vírgenes Británicas.
La directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, ha indicado que "hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios".
De acuerdo con la investigación de los medios chilenos socios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), 'CIPER' y 'LaBot', Piñera habría participado en la compraventa de Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas junto al empresario Carlos Alberto Délano, un amigo de la infancia, en 2010, cuando ya era presidente.
Su familia vendió a Délano el negocio por 14 millones de dólares, según un acta firmada en Chile, y otra en las Islas Vírgenes, por 138 millones de dólares.
Este pago debía hacerse en tres cuotas; la última estaba vinculada a que no se estableciera un área de protección ambiental en la mina, como reclamaban grupos ecologistas. El Gobierno de Piñera finalmente no legisló la citada zona de protección ambiental, por lo que esa tercera cuota sí se pagó.
Piñera, que posee una de las fortunas más grandes de Chile y dejará el poder en marzo de 2022, defendió esta semana que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente "hace más de 12 años", que la venta de la minera la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue informado "precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses".
Entretanto, la oposición está preparando una acusación constitucional en el Parlamento -un juicio político- contra Piñera, que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
