El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha mandado en nombre de su partido "un fuerte apoyo" a los padres de un alumno del IES Luis Carrillo de Sotomayor en Baena (Córdoba) que han denunciado al profesorado del centro por el desarrollo en el mismo de una actividad conmemorativa del 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
Saco ha alabado el "paso valiente" que han dado dichos padres al "denunciar el adoctrinamiento en las aulas", lo que ha llevado a que sea citado a declarar el tutor del menor en el citado IES, donde se proyectó un vídeo de Ana Orantes, la granadina maltratada por su marido durante 40 años y divorciada del mismo, que ofreció su testimonio en un programa de Canal Sur, lo que le acabó costando la vida.
En opinión del portavoz de Vox, los padres del alumno han denunciado "una situación que no es legítima", pues considera Saco que "es un atentado contra la libertad el hecho de que los padres no puedan conocer las actividades que van a realizar sus hijos" en el centro educativo, "más allá de lo que es estrictamente el curriculum escolar".
Por ello, Saco ha enviado a los padres denunciantes "un fuerte abrazo", a la vez que ha dicho esperar que, "con la implantación del PIN Parental el próximo año se solucionen este tipo de problemas".
Por su parte y un comunicado, la portavoz de la asociación 'HazteOir.org', Teresa García-Noblejas, ha considerado "comprensible que los padres reaccionen llevando a los tribunales al profesorado de un centro educativo en el que se ha obligado a su hijo menor a asistir a una actividad con motivo del 25N".
Entiende García-Noblejas que "la mayor parte de las charlas, talleres y acciones escolares que se llevan a cabo en los centros educativos estaban inspiradas en la ideología de género que discrimina a los varones por el solo hecho de serlo y asumen los dogmas del feminismo supremacista, según el cual las muertes de mujeres se producen por machismo".
La responsabilidad de lo sucedido, según HazteOir, es del Gobierno andaluz de PP y Cs, "que mantiene las leyes de género y Lgtbi, y obliga a los centros educativos a realizar este tipo de actividades dirigidas a menores sin conocimiento de sus padres" y, por ello, "mientras el adoctrinamiento en ideología de género sea una realidad en las aulas es urgente que se implante el PIN Parental en los centros educativos de Andalucía y del resto de España".
El PP se desmarca
El PP-A, por su parte, ha manifestado que "no es razonable" que los padres del alumno hayan denunciado al profesorado del centro. Según el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, este tipo de decisiones y actuaciones ayudan poco a la mejora del sistema educativo y llegar a una situación de denuncia de un profesor o de un equipo de profesores "por cumplir con su obligación": "No es razonable y no lo comparto".Ha indicado que, no obstante, respeta la decisión de los padres y ha expresado que confía absolutamente en la justicia. Ha confiado en que pronto la autoridad judicial organice "adecuadamente este debate y evitará que se puedan producir situaciones de este tipo".
Para Nieto, los padres tienen mucho que ver en la educación de sus hijos, pero también deben "respetar el trabajo que realizan los profesores".
Comunicado del centro educativo
El IES Luis Carrillo de Sotomayor ha asegurado que todas las actividades que se desarrollan en el IES "están dentro de la normativa". La jefa de Estudios del instituto baenense, Antonia Villatoro, ha leído, respaldada por el claustro del centro educativo, un comunicado en el que se afirma que el profesor del IES que ha prestado declaración a raíz de la citada denuncia, lo ha hecho en calidad de "testigo", pues, "ningún profesor del centro ha sido denunciado hasta el momento".
Junto a ello, Villatoro ha señalado que las actividades que se llevan a cabo en el IES Luis Carrillo de Sotomayor "son las normales de cualquier otro centro", subrayando, además, que la dirección, el claustro y también la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto "apoyan todas las actividades que se realizan dentro" del propio instituto, "que están dentro de la normativa".
En consecuencia, también apoyan desde el IES "todas las actividades que ha realizado este profesor", a lo que ha añadido la jefa de Estudios del instituto baenense su deseo y el del propio centro de "dar las gracias a todos los apoyos recibidos"
Para Ciudadanos "se ha perdido el norte"
El segundo teniente de alcalde delegado de Educación del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), Ramón Martín (Cs), ha manifestado a las puertas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del municipio, su "apoyo" al profesor del IES Luis Carrillo de Sotomayor que ha acudido a declarar tras denunciar los padres de un alumno al centro por conmemorar el 25N.
A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Ramón Martín, quien ha recordado su condición de docente, ha señalado que el desarrollo de la programación conmemorativa del 25N en los centros docentes viene marcado por "la Delegación de Educación" de la Junta de Andalucía y "es de obligado cumplimiento": "Estamos hablando de valores y del desarrollo del curriculum, en beneficio del alumnado y del cambio de mentalidad".
Es más, a juicio de Martín, hay que "seguir en esta línea", en la de promover "valores contra la violencia machista" y "estaríamos muy equivocados si atajáramos" acciones, como las conmemorativas del 25N, con acciones judiciales, añadiendo que, aunque "nadie va mirando en una autovía si está bien o mal hecho un cruce o un puente", en el ámbito de la educación sí que "opina todo el mundo", cuando lo que debe hacerse es respetar "el trabajo del profesorado".
En consecuencia, "que un profesor tenga que perder el tiempo de dedicación a su alumnado" porque deba "justificar" en un juzgado "algo que está dentro de su programación" indica que "se ha perdido el Norte" y, por eso, el segundo teniente de alcalde ha querido dejar claro su "apoyo al profesor, al instituto y a la comunidad educativa de Baena, que tiene muchísimos valores y un nivel muy alto".
Incredulidad en la oposición
El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha condenado de forma rotunda que se persiga a profesores por educar en igualdad. Fiscal ha lamentado que esto supone "un atraso de muchas décadas" y ha recordado un caso en Huelva donde denunciaron a profesores por hacer ejercicios que propugnaban la educación en igualdad.
Así, ha insistido en condenar estas situaciones y ha recordado de que el PSOE-A ya advirtió que esto podía pasar "cuando un gobierno se apoya en un partido como es Vox, de ultraderecha, que no creen en la igualdad de género y la persigue".
El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha trasladado su apoyo a la comunidad educativa. La portavoz parlamentaria de la confluencia, Inmaculada Nieto, ha achacado esta denuncia a que "la perniciosa influencia de Vox se va normalizando por un Gobierno andaluz complaciente con sus desmanes".
Tras mostrarse convencida de que la denuncia "no va a llegar a ninguna parte", Nieto ha apuntado que la actuación del profesorado y de la comunidad educativa del centro tiene total respaldo legal "y también debe tenerlo político" para que actuaciones de este tipo "no sirvan para minar la convicción de un profesorado que sabe lo que tiene que hacer".
Y es que, a su juicio, el profesorado "tiene entre su obligaciones no sólo impartir materias estrictamente curriculares, sino también una educación en valores que incluye la igualdad y el respeto entre los niños para que de mayores repudien la violencia machista".
Para Adelante Andalucía, lo ocurrido en Baena es "otra manera sibilina y perjudicial del Gobierno andaluz de permitir que el ideario de Vox siga calando en la opinión pública".
El sindicato CCOO también ha criticado "la pasividad de la Consejería de Educación" de la Junta de Andalucía "ante la campaña del PIN Parental ha provocado la primera denuncia a un docente". En un comunicado, el sindicato ha dicho lamentar que se produzcan "este tipo de actuaciones contra el profesorado que, pese a no tener recorrido, responden a la pretensión de la ultraderecha española de intimidar al docente y coartar la educación en los valores democráticos que sustentan a una sociedad avanzada en derechos".
Por ello, CCOO ha exigido a la Consejería de Educación que actúe "ante este tipo de campañas ilegales, que incitan a la vulneración de derechos básicos", y a instado también el sindicato "a la Fiscalía General del Estado a que dé instrucciones para que este tipo de denuncias no sean admitidas a trámite".