El silencio es lo que escucha Brenda cada día durante sus clases. Tiene 23 años y es sorda. Estudia un grado superior pero por su discapacidad auditiva necesita un intérprete de lengua de signos en el aula. La ley le garantiza este derecho, pero ya hace más de dos meses que Brenda sigue esperando.
"Me siento desplazada y retrasada de mis compañeros. Por el tema de los exámenes o explicando los temas no me entero de nada, me siento ahí sin enterarme de nada", asegura.
Ahora, por fin, le asignarán un intérprete, pero esta ayuda no cubre el horario lectivo de Brenda. El especialista sólo la acompañará 14 de las 30 horas de clase que tiene semanalmente. El resto de horas las cubrirá un profesor especializado pero aún no saben cuándo llegará.
"Desde la Delegación nos están dando largas, que no es su problema, que el problema viene desde Sevilla", cuenta una amiga de la afectada. Sus compañeras son ahora su principal apoyo y han iniciado una campaña de recogida de firmas.
"Los exámenes se están acercando y la pobre no tiene método de evaluación", explica una compañera de Brenda. Pero, el caso de Brenda no es aislado. Las agrupaciones de sordos del resto de Comunidades Autónomas aseguran que la escasez de intérpretes es un problema que se repite en muchos centros.
