El Ministerio de Sanidad, capitaneado por Mónica García, ha enviado la mañana de este miércoles una orden a las comunidades autónomas que hará obligatorio a partir de ese momento el uso de mascarilla en los centros de salud y hospitales. Las comunidades han tenido 48 horas, desde la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para su implantación forma voluntaria y ahora obligará a las que no la han implantado.

Sanidad ha detallado que esta decisión se toma en virtud del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que "obliga a todas las partes" incluidas en ella. De hecho, la orden entrará en vigor una vez sea recibida por las autonomías sin necesidad de publicación en el BOE.

La ministra Mónica García ha comparecido este miércoles para explicar la orden, señalando que ya ha informado a las CCAA y que la medida no está en vigor aún y que se entrará en vigor a lo largo del día. "Ofrecimos 48 horas para recibir propuestas para unificar criterios. Tras estas 48 horas, Sanidad ha recogido propuesta y va a emitir una orden comunicada estableciendo el carácter obligatorio de las mascarillas", ha anunciado García.

Asimismo, ha avanzado que cuando "haya datos de descensos de incidencia en las dos últimas semanas, pasará a ser recomendación si lo estiman oportuno". Para ello, no obstante, "no hay umbral cuantitativo pero sí cualitativo, que es el descenso de la curva", ha añadido.

Obligatoria ya en seis comunidades

Las mascarillas ya son obligatorias en seis de ellas -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Asturias y Canarias-, con lo que esta medida implicará que el resto, que abogaban por una recomendación, deban imponer su uso en centros de salud y hospitales.

Sanidad ha materializado así su decisión de echar mano de la declaración de actuaciones coordinadas contemplada en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la intención de unificar la protección de los ciudadanos independientemente de donde vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria.

De acuerdo con este precepto, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, "en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".

Esta declaración, que "obliga a todas las partes incluidas en ella", debe "responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública", entre otros supuestos.

Presidentes del PP, en contra

La decisión ha levantado las quejas de once reacias a imponer su uso y mientras algunas han dicho que la acatarán, pese a oponerse, otras estudian su legalidad. Varios presidentes del PP, como los de Andalucía, Castilla y León, Aragón o Murcia, han censurado que el Ministerio de Sanidad pretenda "imponer" el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios, actuando "tarde y mal" tras una epidemia de gripe que se ha disparado en las fiestas navideñas y que, según los populares, ha pillado a la ministra "de vacaciones".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha apuntado este miércoles que su Gobierno "comparte" y "asume" la orden, pero ha criticado las "formas" y la "imposición" al respecto que ha seguido el departamento.

Sobre esto, la ministra ha contestando este miércoles pidiendo que "se aclaren". "Entiendo la pulsión de hacer oposición, pero ellos mismos incurren en contradicciones. Algunas CCAA del PP la han puesto obligatoria", ha zanjado García.

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