La luz verde a la ley de la eutanasia implicó un final elegido para muchos. Un año después, el Ministerio de Sanidad informa de que se han realizado unos 180 procedimientos, y la ley ya genera mucho menos ruido de que antes de que fuese aprobada.
Pero aún quedan cosas por pulir y la desigualdad territorial es una de ellas. Aunque la asociación Derecho a morir dignamente reconoce que en zonas como Baleares, Canarias, Cataluña, País Vasco, Navarra, Murcia o Cantabria han hecho un buen trabajo, en otras comunidades no se ha gestionado de ninguna manera.
También hay quien dice que esta ley deja fuera a muchas personas. Es el caso de Ana, quien firmó últimas voluntades, en 2016, antes de la entrada en vigor de la ley, y un detalle semántico en su redacción le quita el derecho a morir dignamente.
Lo cuenta su esposo, José Luis, que lee lo firmado por Ana, un documento con una casilla que dice: "Preferencia por no prolongar la vida por si misma e situaciones clínicamente irreversibles". Ese deseo a no vivir es un aspecto lingüístico que la ley de eutanasia no contempla, porque tendría que haber dejado por escrito claramente que "quiere morir". El formato específico de la Comunidad de Madrid, explica José Luis, solo permite indicar el "deseo a no vivir" cuando se tiene una enfermedad incurable o intratable,
Sobre el papel no es lo mismo "querer morir" que "no querer prolongar la vida". Esto choca con la ley de eutanasia que dice que el enfermo tiene que volver a ratificar su deseo a morir, pero eso es algo que Ana, que tiene alzhéimer, no puede hacer.
Por eso, hay familiares de pacientes con demencias o grandes dependientes que creen que aún queda mucho por hacer para que el derecho sea efectivo a todos.
