Abusos silenciados a menores tuteladas: ¿cómo es posible que la Comunidad de Madrid no supiese nada?

El pasado mes de diciembre dos jóvenes, ahora de 16 años, denunciaron ante la Policía Nacional haber sido víctimas de abusos y agresiones sexuales durante años en el centro de menores donde residían, en el barrio madrileño de Usera. Asimismo, aseguraron que el director del centro era conocedor de lo que estaba sucediendo, pero, ¿cómo es posible que desde la Comunidad de Madrid no supieran nada?

Como explica la periodista de laSexta Sara Rincón en este vídeo, una de las razones a las que se debe este desconocimiento es que se trata de un centro público, pero de gestión privada. "Una cosa muy conocida en Madrid", afirma. La asociación 'Abrazo' es la que se hace cargo de los diez niños que la Conserjería madrileña deriva; por lo que, al igual que el director ocultó los hechos a las educadoras sociales, también lo hizo con la Conserjería.

Ángel, que así se llama el director que debía proteger a las niñas y que no lo hizo, no informó de las presuntas agresiones sexuales a nadie, ni tan siquiera para activar los protocolos de prevención contra la violencia sexual, como sí lo exige la ley.

A esta situación también ha contribuido que desde la Conserjería han admitido que no siempre que acuden están los niños presentes. Es decir, que en la práctica, no hay técnicos que de manera habitual hablen con esos menores, a pesar de la responsabilidad que recae sobre ellos.

Esto viene a significar que desconocen su situación psicoemocional de primera mano y que se fían de la palabra de directores, como el que presuntamente ha estado ocultando durante años las agresiones sexuales que tenían lugar en su centro y las reducía a un "juego de niños".

Asimismo, desde la Consejería aseveran que se hacen visitas periódicas a todos los centros -al menos dos veces al año- para hacer seguimiento de cada uno de los menores, así como de la situación de los recursos. También han hecho hincapié en que hablan "directamente con los niños tutelados" y que estos "pueden pedir a su técnico de referencia siempre que quieran o cambio de situación".

Sin embargo, la versión de las víctimas les contradicen. Estas han asegurado a laSexta que la única vez que han visto a alguien de la Consejería de la Comunidad de Madrid ha sido cuando denunciaron a la Policía.

Desde la Comunidad de Madrid, por su parte, afirman que han actuado desde "el primer momento" en el que tuvieron conocimiento de los hechos. En ese preciso momento activaron el protocolo para la detección y comunicación de situaciones de violencia, porque, como defienden, "lo que más importa es el estado de los menores tutelados".

Asimismo, aseguran que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales aplicó el protocolo en cuanto se tuvo conocimiento de la situación. Un procedimiento que supone la apertura de diligencias informativas, la denuncia de los hechos, la escucha e intervención con los menores afectados, y la separación de las víctimas y los agresores.

No hay regulación estatal

Las competencias referentes al sistema de acogida son autonómicas y, por el momento, lamentablemente no hay ninguna regulación estatal que obligue a las comunidades a informar de la situación de sus centros de menores.

Desde el Ministerio de Infancia, y "en el marco de la responsabilidad en la garantía y protección de los derechos de la infancia y de su protección", aseguran que esto va a cambiar pronto y que ya se trabaja en un nuevo Real Decreto Ley que "establecerá estándares mínimos en el sistema de acogida".

Este Real Decreto exigirá a todas las comunidades informar al Ministerio de las inspecciones que se lleven a cabo en los centros, así como de la situación emocional de los menores.

Esto último es muy importante porque, de cumplirse, se garantizaría una mayor atención sobre los menores que puedan estar atravesando una situación de riesgo, como las dos víctimas del centro de menores madrileño.

En la misma línea, este Real Decreto establecerá "ratios mínimos de trabajadores y las condiciones mínimas que deberán tener los centros para verificar la calidad de los mismos y garantizar que quienes allí residan lo hagan en condiciones de dignidad y reciban los cuidados que deben recibir". El Ministerio de Juventud e Infancia tendrá la posibilidad de incluir capacidad sancionadora en caso de incumplimiento.