El Gobierno trabaja desde hace meses en un nuevo modelo de residencias de mayores que ya funciona en varias comunidades autónomas, en la que se preste una atención más directa a los residentes y se cree un ambiente más parecido a un hogar. Este martes, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha respondido en la comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad a las preguntas de la oposición, donde ha detallado la importancia de "dar un paso atrás" en los modelos actuales y "repensarlos" para "avanzar hacia otra forma de cuidar".
Ese modelo pasa por tener menos residentes en los centros y que los mismos reciban una atención más personalizada, reorganizándoles y adaptando un sistema que quedó en evidencia durante la pandemia, un modelo "muy asistencial", ha denunciado Álvarez, en el que "las administraciones públicas han pensado que era bueno para las personas, pero sin las personas".
"Puede quien piense que ser mayor justifica una forma de vida tutelada, se cae en esta tentación, pero no escuchamos cuáles son las preferencias de estas personas", ha explicado. Álvarez ha destacado que no señala a las comunidades autónomas, las cuales tienen en muchas ocasiones "falta de financiación": "Las instituciones no siempre garantizan con plenitud los derechos humanos. Hay que reorientar los procesos".
"Hay residentes que viven aislados y no tienen el suficiente control sobre su vida. Existe un mandato de la Comisión Europea que nuestro país debe atender. El camino en España ya cuenta con experiencias alternativas muy relevantes. Es deber escuchar lo que la sociedad reclama en materia de envejecimiento", reclama Álvarez, que agrega que países como Irlanda o Italia "adelantan" a nuestro país en esta materia.
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Durante la comisión, Álvarez ha insistido en "dejar atrás" el modelo actual para "adaptarse al siglo XXI". "Hoy podemos tomar decisiones que van a condicionar las próximas décadas", ha agregado. Esta cuestión se someterá a aprobación tanto para centros públicos como para centros privados, siempre acordando con las autonomías los "niveles mínimos de calidad". "Querríamos unidades de convivencia de 12 personas, pero nosotros lo que establecemos es un mínimo", ha aclarado.
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