Medio centenar de personas se han concentrado a las puertas de la Delegación del Gobierno en Madrid, en una convocatoria nacional en la que han participado colectivos LGTBI de otras 16 ciudades contra el «bloqueo» de la ley trans, y para exigir al PSOE que no haga recortes en la norma. "Tenemos una ley a punto de aprobar y que ahora mismo está secuestrada por una enmienda que no da derechos. Los derechos no se negocian", ha manifestado Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+.
Los manifestantes han portado dos pancartas, una de Podemos con el lema "Todas las personas, todos los derechos, la ley trans estatal será ley", y otra con la frase "Mi identidad no la decida nadie. La ley integral trans ya ley".
El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien ha participado en la movilización junto a la candidata a la Alcaldía de la capital, Elvira Medina, ha declarado que "no existe posibilidad alguna de pactar recortes al texto original aprobado por el Consejo de Ministros".
En este sentido, Sánchez Serna ha advertido al PSOE de que, en materia de derechos humanos, "no hay medias tintas, y o se está en el lado de quienes defienden los derechos de las personas LGTBI, o se está con el PP y Vox y contra el avance en derechos".
Además, ha destacado que esta norma es una demanda del conjunto del movimiento LGTBI, y ha recordado el compromiso del Gobierno para continuar con su agenda y garantizar derechos trans "sin recortes, y con la norma aprobada antes de final de año". Y respecto a las enmiendas del PSOE a las infancias trans, Sánchez Serna ha considerado que supondrían "un claro retroceso", y ha rechazado la inclusión de ningún recorte en su redacción.
Mientras, el bloqueo persiste. El PSOE no ha retirado las enmiendas que hizo a la ley ni piensa hacerlo, según han contado fuentes socialistas a laSexta. El principal escollo, entre los socios de Gobierno, es que el PSOE quiere que para poder cambiar de sexo entre los 14 y los 16 años se cuente con un aval judicial. "Esta enmienda lo que persigue, ni más ni menos, es la seguridad jurídica de los menores, que es un colectivo muy sensible a proteger", defendió María Jesús Montero.
Ese es el principal argumento. Y es que dan por hecho que PP y Vox llevarán la ley al Constitucional y, según dicen, quieren que sea jurídicamente sólida para evitar problemas como los que se han visto con la ley del 'Solo sí es sí'. El plazo para llegar a un acuerdo se agota. Este lunes se reunirá la Comisión de Igualdad en el Congreso. Las enmiendas solo saldrán adelante si el PP las apoya, pero fuentes populares aseguran que nadie ha hablado con ellos.
Si esto no se desatasca, será difícil que la ley se apruebe en 2022, tal y como el Gobierno quería.
